odo triunfo electoral, sobre todo holgado como el del primero de julio, es el resultado ideal para cualquier árbitro comicial. Los errores de la autoridad pasan a segundo término. Las impugnaciones y querellas poselectorales son ejercicios infructuosos, incapaces de revertir una distancia arrolladora de 30 puntos. Sin embargo, da lugar a que muchos quieran subirse a la euforia del triunfo. Con cierto oportunismo, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, hizo dos afirmaciones provocadoras que ameritan comentarse críticamente. Primero afirma a El Universal que con esta elección los teóricos del fraude se quedan sin materia y, segundo, que el INE recuperó la credibilidad de la ciudadanía.

Habría que decir al doctor Córdova, abogado, que el fraude electoral en México forma parte de la cultura política. Desde el siglo XIX se ha venido practicando, Porfirio Díaz lo ejerció con ferocidad. El fraude electoral fue uno de los detonantes de la Revolución Mexicana de 1910. Francisco I. Madero reivindicó en su lema sufragio efectivo no relección. Durante el siglo XX, las diversas versiones del PRI ejercieron las elecciones como una metáfora social porque el verdadero elector era el presidente saliente que con su dedo divino designaba a su sucesor, quien de inmediato era ungido como el nuevo mesías, dotado de todas las virtudes que lo calificaban sacramente para dirigir el país. Durante décadas los muertos votaban por el PRI. El Instituto Federal Electoral nace en octubre de 1990 como fruto de agudos conflictos poselectorales, provocados por fraudes en 1988. Surge como institución autónoma y ciudadana para dar certeza y legitimidad ante una crisis institucional. Sin embargo, las acciones fraudulentas no se han detenido. Los fraudes electorales son prácticas recurrentes en el ejercicio del poder. El fraude son viejas y nuevas prácticas que pretenden incidir el sentido del voto del ciudadano mediante la compra, coacción y reorientación ilícita del voto. Es un daño irreparable a la calidad de la democracia.

No seamos ingenuos, doctor Córdova, el fraude es una práctica funesta recurrente de la clase política no una teoría. Durante este proceso electoral hubo la reincidencia de estos funestos hábitos en Puebla, Guerrero, estado de México y Oaxaca, entre otros. Se están documentando. Sin embargo, fue tal el voto orientado y el nivel de participación ciudadana que no alcanzó para que los fraudes incidieran. En el estado de México el porcentaje de participación rebasó 67 por ciento. Segundo reproche. ¿El INE recuperó credibilidad? Ante el irrefutable resultado las insuficiencias pasan casi desapercibidas. Pero en el proceso hubo serios señalamientos de desconfianza a la autoridad electoral, como la solicitud de renuncia a los consejeros por parte del ingeniero Cárdenas, Aguayo y Dresser, entre otros intelectuales, en julio de 2017. Las constantes contradicciones y criterios entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE desorientaron a la ciudadanía. La complacencia del Consejo General frente a las anomalías documentadas de Coahuila y estado de México en 2017, justificaban que entre 60 y 70 por ciento de la ciudadanía desconfiara de las instancias electorales.

¿De qué sirvieron, doctor Córdova, tres años de preparación para la jornada electoral? Un recuento somero muestras errores que pasaron a segundo plano pero ameritan una revisión detallada: 1) atrasos en la apertura de casillas; muchísimas abrieron hasta las 10:30 de la mañana; 2) una inquietante sustitución de funcionarios de casilla. El reporte del primero de julio del propio INE dice que de los ciudadanos acreditados, fueron sustituidos 35.47 por ciento. Habría que agregar las sustituciones en la propia jornada electoral; 3) problemas con los capacitadores electorales asistentes. Deserciones, indisciplina, sesgos. Fruto de una muy mala selección y bajos emolumentos. Muchos eran operadores políticos de los partidos; 4) caos y desorientación en las casillas especiales; 5) dificul­tades en el conteo, cansancio y muchas deserciones en las casillas electorales. Lentitud en el traslado de paquetes electorales; 6) PREP lento y con menor información llegó a 93.5 por ciento de las actas, regresó a los niveles del primer ejercicio en 1994. El PREP de 1994 procesó 92.27 por ciento de las actas de las casillas instaladas; en 2006 fue 98 por ciento, y en 2012 fue 98.9 por ciento; 7) la inusitada violencia contra políticos y candidatos tuvo poco eco en las diversas instancias electorales. Se antojaba una postura más determinante que incidiera en autoridades y medios.

Doctor Córdova, nada para presumir, se rescata el conteo y los debates. Habrá que bajar la espuma a la soberbia.