Zacatecas, Zac.

El juzgado federal cuarto de distrito del noveno circuito otorgó un amparo definitivo al Comité en Defensa de la Vida del Altiplano Potosino en contra del basurero de desechos industriales y mineros que empresarios y ex funcionarios estatales pretendían instalar en el rancho Palula, ubicado en el semidesierto que comparten los municipios de Santo Domingo, San Luis Potosí, y Villa de Cos, Zacatecas.

Tras informar lo anterior, integrantes de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí recordaron que, de acuerdo con el proyecto que se entregó a las autoridades ambientales, en ese lugar se pretendía confinar hasta 185 mil toneladas anuales de desechos con altos contenidos de metales pesados y otros tóxicos.

En un comunicado difundido por Facebook, los universitarios informan que, después de más de dos años de litigio contra los permisos ‘‘ilegales’’, el amparo definitivo contra el Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, SA de CV corona un movimiento de oposición en todo el Altiplano, en el cual confluyeron cientos de agricultores, ganaderos, indígenas wixárikas, académicos, ambientalistas e integrantes de la pastoral social de San Luis Potosí.

El Consejo de la Judicatura publicó ayer un resumen del amparo: ‘‘La Justicia de la Unión ampara y protege a José Contreras Delgado, Tereso Doñez Flores y J. David Ruiz Regino contra los actos reclamados (…) relativos a la licencia de cambio de uso de suelo del 3 de septiembre de 2012, expedida en favor de Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, SA de CV.’’

El amparo también revoca ‘‘la autorización de impacto y riesgo ambiental del 11 de junio de 2015, contenida en el oficio SGPA/DGIRA/DG. 04340’’.

Como publicó La Jornada el 11 de octubre de 2015, más de 500 campesinos de San Luis Potosí y Zacatecas, autoridades de los municipios de Santo Domingo, Real de Catorce, Mazapil y Villa de Cos, así como representantes de 13 comisarios ejidales, participaron en un foro de análisis sobre el tiradero de desechos industriales y rechazaron el proyecto, promovido por el empresario minero José Cerrillo Chowell, quien estaría asociado con el ex gobernador potosino Marcelo de los Santos Fraga.

En aquella reunión, seis investigadores del Colegio de San Luis Potosí, encabezados por Francisco Peña, presentaron a los pobladores el manifiesto de impacto ambiental del proyecto, que no cumplía con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ya que Cerrillo Chowell omitió consultar a los habitantes para obtener su aprobación.

Aunque formalmente se informó que el basurero se construiría en 20 hectáreas, los especialistas revelaron que ocuparía las 600 hectáreas del rancho Palula, donde concesionarios mineros del centro y norte de México confinarían hasta 185 mil toneladas anuales de desechos industriales que contendrían cianuro, arsénico, cromo, cadmio y mercurio, entre otras sustancias dañinas para la salud y el medio ambiente.

Los habitantes interpusieron dos juicios de amparo, dos denuncias ambientales, una penal y un juicio de nulidad, en los cuales documentaron irregularidades, lo que derivó en suspensiones provisionales y definitivas que a la postre detuvieron el proyecto.