Tres agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebraron la sentencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) en la que se ordena al Congreso de Veracruz despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, con lo que el aborto será tratado como un tema de salud pública y no de política criminal.

Las oficinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, así como el Fondo de Población para las Naciones Unidas, exhortaron a los legisladores veracruzanos a cumplir con el fallo antes del 31 de julio, como lo mandató la justicia federal, para garantizar a las mujeres y niñas el acceso efectivo a servicios de interrupción del embarazo.

La sentencia establece que el Legislativo de Veracruz no ha cumplido con la recomendación de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, decretada el 13 de diciembre de 2017, al no reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal estatal, que consideran el aborto un delito.

Las agencias de la ONU recordaron que el juez decimooctavo de distrito reconoce el carácter obligatorio de la alerta y de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), por ende, la obligación de las autoridades de implementar las medidas recomendadas y adoptar decisiones efectivas para superar la discriminación contra de las mujeres.

La sentencia asienta que la omisión del Congreso de Veracruz ha significado una vulneración de diversas garantías de las mujeres: a la no disciminación, a sus derechos sexuales y reproductivos, a la salud, a la dignidad y al desarrollo de la personalidad.

Con ello, indicaron las agencias internacionales, se violan preceptos constitucionales, así como tratados en materia de derechos humanos ratificados por México, incluidas la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, al igual que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Las agencias firmantes reconocen el avance de los derechos de las mujeres a partir de la actuación del PJF. De igual forma, reconocen la actuación de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, cuya participación ha sido esencial para lograr este importante avance.

Remarcaron que el precedente que se desprende de esta resolución cobra aún más relevancia en el contexto de la evaluación de México ante el Cedaw, realizada el 6 de julio pasado, y de la cual derivarán recomendaciones al Estado mexicano para garantizar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas en relación con los derechos de las mujeres.