Xalapa, Ver.

La asociación civil Equifonia, dedicada a la promoción de los derechos de las mujeres, denunció ante el comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), que el Estado mexicano continúa sin presentar avances sustanciales en la investigación del feminicidio de Pilar Argüello Trujillo, perpetrado en Coscomatepec, Veracruz, en 2012.

Aracely González y Adriana Fuentes, representantes de Equifonia AC, estuvieron en la septuagésima reunión del comité de la Cedaw, que se realizó el fin de semana en Ginebra, Suiza, donde expusieron ‘‘los pendientes del Estado mexicano para cumplir con las seis recomendaciones emitidas en el caso de Pilar hace 11 meses’’.

Pilar Argüello Trujillo, de 20 años, vivía con su familia en Coscomatepec, una pequeña ciudad de la región de la sierra de Veracruz. El domingo 2 de septiembre de 2012 desapareció y dos días después fue localizada muerta en un terreno baldío.

Las autoridades estatales detuvieron al presunto responsable, de 16 años de edad, quien confesó el crimen e incluso participó en una reconstrucción de hechos. Sin embargo, dos meses después fue puesto en libertad, debido a la mala integración del caso.

Agotadas las instancias locales y federales, la familia de Pilar y Equifonia solicitaron en 2014 al comité de la Cedaw un procedimiento especial, el cual fue resuelto en julio de 2017.

En esa ocasión se emitieron seis recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas la reapertura de la investigación a fin de garantizar verdad y justicia para Pilar y sus familiares, así como diversas medidas para mejorar el sistema de impartición de justicia en Veracruz y en el país.

Persiste impunidad

Las autoridades mexicanas presentaron a la Cedaw un reporte en el cual afirman haber cumplido con lo sugerido por el comité internacional, pero el colectivo Equifonia entregó un informe sombra en el que destaca la falta de avances sustanciales.

El principal señalamiento consiste en que el homicidio continua impune y el responsable está libre. Y aunque el Estado mexicano habló de una serie de reformas legales, éstas ‘‘no garantizan la impartición de justicia para las víctimas’’.