El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a su homólogo de Nuevo León que solicite a la Fiscalía General del Estado que aclare por qué no ejerció acción penal por la compra irregular de 200 mil cobijas al triple de su costo real para repartirlas entre pobladores de escasos recursos, escándalo conocido como cobijagate.

Además, deberá especificar si entre las líneas de investigación sobre las operaciones, realizadas en 2016, incluyó posibles hechos de corrupción.

Al exponer el dictamen, el comisionado del Inai, Joel Salas Suárez, recalcó que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, propuso como una de sus principales políticas el combate a la corrupción, por lo que este caso tiene ‘‘particular relevancia’’ a fin de transparentar los gastos del gobierno de Nuevo León.

En 2016 la Subsecretaría de Administración del gobierno de Nuevo León, a cargo de Enrique Benavides Pintos, ligado al grupo cercano al gobernador con licencia y ex candidato presidencial Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, autorizó la compra de los cobertores por 29 millones de pesos; sin embargo, se detectó sobreprecio y que las prendas adquiridas no cumplían con las características requeridas.