on un nuevo gobierno ad portas se impone un cambio en la concepción, el manejo y la narrativa sobre el fenómeno migratorio mexicano, cada vez más complejo y complicado de gobernar.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se ha referido al tema en sus dos discursos más recientes. Primero dijo que quien desee migrar que lo haga por gusto y no por necesidad, que no se recurra a esta opción como medio para mantener dignamente a una familia. Posteriormente en un tuit informativo señaló: recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad.

En cuanto a su primera intervención, en el Hotel Hilton, habría que mencionar que los migrantes se van por muchas otras razones y no sólo por gusto o necesidad. Hay una comunidad de 11 millones de mexicanos en Estados Unidos, 10 por ciento de la población total de México y una comunidad de origen mexicano de 20 millones adicionales. Los lazos entre comunidades y familiares son múltiples, añejos y complejos. Hay más de 3 millones de mexicanos binacionales y otros 3 que son residentes, cerca de un millón de niños y jóvenes deportados que son estadunidenses de nacimiento y mexicanos por haber regularizado su situación, además de 5 millones en situación irregular.

La integración social, histórica y cultural con Estados Unidos es un fenómeno de una profundidad centenaria, resultado de un largo y complejo proceso de integración familiar, laboral y de articulación de mercados de trabajo específicos para migrantes. No sólo hay una integración económica entre ambos países.

Y en ese sentido, ya que AMLO vinculó el tema de seguridad con el de migración, habría que mencionar que la seguridad nacional de Estados Unidos no tiene nada que ver con el acero y el aluminio, como ya lo dijo Justin Trudeau, primer ministro canadiense, pero sí tiene que ver con la agricultura, con el millón y medio de mexicanos que trabajan en la pisca. Y la autosuficiencia alimentaria de nuestros vecinos del norte, asunto de seguridad nacional en cualquier país, depende de esos trabajadores mexicanos, en su inmensa mayoría explotados y en situación irregular. Reconocer esta dependencia mutua podría ser parte de un inicio de negociación bilateral.

Por otra parte, desde mi punto de vista, ya no es pertinente ligar el tema del desarrollo a reducir la migración. Ese es un estereotipo del pasado, tan viejo como López Portillo, que dijo que México quería exportar mercancías y no mano de obra.

Y no es pertinente, porque ya no corresponde a la realidad. La emigración mexicana a Estados Unidos, según el último reporte del Pew Hispanic Center, fue de 165 mil personas (regulares e irregulares) para el año 2014. Simplemente, para comparar, en 1991 se registraron a 295 mil personas. El saldo migratorio es negativo, bajo cero, menos 6 por ciento. Ese es el argumento fundamental en una negociación bilateral, que el flujo migratorio cambió radicalmente, aunque los agoreros de desastres e iluminados digan lo contrario. Y para eso hay que citar fuentes de Estados Unidos.

Son varias las razones que explican este cambio. Primero, el proceso de transición demográfica: la familia típica mexicana tiene dos hijos en promedio, no siete como en la década de los años 70. La relación costo beneficio cambió radicalmente por la política migratoria estadunidense de incrementar costos, riesgos y penas. El cruce subrepticio de la frontera, tolerado por más de un siglo, terminó con el cambio de siglo. De igual modo, la tolerancia y la conveniencia de tener mano de obra barata e irregular ya no es aceptable legalmente y tampoco por la sociedad de acogida que criminalizó lo que antes era normal y conveniente.

Si mejora la situación en México y se incrementa el salario mínimo, no saldrá a cuenta ir a trabajar a Estados Unidos, por todo lo que implica. Los migrantes mexicanos del futuro serán legales, por ser nacidos allá, tener residencia o ir como trabajadores temporales legales.

El asunto complicado en el panorama migratorio es el retorno, la acogida e integración de los migrantes deportados y sus familias y el tránsito, un asunto mucho más complicado y delicado, donde las soluciones deberían ser multilaterales.

Finalmente, habrá que ver con cuidado los nombramientos en varias dependencias: la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, el Inami, la Unidad de Política Migratoria, la Conapo y otras. Hay cargos que son o pueden ser políticos, pero otros requieren de especialistas en la materia.

El sexenio de Peña en este rubro pasará a la historia por la incompetencia de la mayoría de los funcionarios de alto nivel que manejaron el tema de migración y población.