Aunque el consumo de drogas entre las mujeres está aumentando considerablemente –de 2011 a 2017 pasó de 2.6 por ciento a 6.1 por ciento–, ellas no tienen acceso pleno a programas integrales para prevenir y atender la problemática, señalaron el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la organización Equis-Justicia para las Mujeres.

Además, enfrentan estigmatización que refuerza su aislamiento y demora su atención. Se estima que en el país existen 59 centros de atención de adicciones para mujeres.

Isabel Erreguerena, de Equis-Justicia para las Mujeres, señaló en entrevista que menos de la mitad de los lugares para tratar consumo de drogas son públicos y muchos de éstos no brindan el tratamiento adecuado.

Marcela Eternod Arámburu, secretaria ejecutiva del Inmujeres, dijo que datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco arrojan que entre 2011 y 2017 el consumo de drogas ilegales en el sector femenino pasó de 1.9 por ciento a 5.8 por ciento, y el de mariguana de 1.3 por ciento a 4.8 por ciento.

En la mesa interinstitucional Reformas en materia de justicia sobre delitos relacionados con drogas cometidos por mujeres. Diálogo de alto nivel sobre mujeres usuarias de sustancias psicoactivas, expuso que estas adicciones no tienen el mismo impacto en personas del sexo femenino que del sexo masculino.

Cuando están en situaciones de este tipo, ellas perciben con más frecuencia e intensidad que han fracasado a nivel personal, familiar y social.

Añadió que la respuesta desi-gual que enfrentan en el entorno social muestra el porqué muchas mujeres optan por ocultar el problema, provocando con ello múltiples efectos en su salud, ya que como usuarias de sustancias sicoactivas, o por su relación directa con personas con problemas de adicción, se incrementa su vulnerabilidad a ser víctimas de violencia emocional, física y sexual, pero también económica y social, así como a tener prácticas sexuales riesgosas, con el peligro de contraer infecciones de transmisión sexual y VIH, o tener un embarazo no deseado.

Isabel Erreguerena señaló que se requieren políticas públicas que pongan en el centro a las mujeres usuarias de narcóticos. Agregó que además se necesita evaluar los tribunales para el tratamiento de adicciones, a fin de evitar que personas que cometieron delitos menores bajo el influjo de sustancias sicoactivas sean encarceladas, pues en un estudio que su organización está por presentar, se muestra que este mecanismo enfrenta problemas en su implementación y pone en desventaja a las mujeres para que puedan acceder a él.