La Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que no avala ni reconoce acuerdos entre autoridades educativas estatales y facciones sindicales al margen de la Constitución y las leyes educativas.

Lo anterior en relación con versiones publicadas en medios de comunicación sobre presuntos acuerdos que habrían suscrito autoridades educativas estatales con instancias sindicales locales para el otorgamiento de plazas magisteriales al margen de la ley en Chiapas.

La SEP interpondrá todos los medios de defensa para preservar el estado de derecho y se ejercerá toda acción legal necesaria para nulificar cualquier acción inconstitucional e ilegal por parte de los gobiernos estatales.

La autoridad educativa subrayó que “bajo ninguna circunstancia avala o reconoce arreglo, pacto o contubernio alguno que sea violatorio de lo dispuesto en el artículo tercero Constitucional, las leyes generales de Educación (LGE) y del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y la Ley y lineamientos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), entre otros ordenamientos.

Expuso que si las autoridades de alguna entidad llegasen a estar en esa hipótesis y quisieran ejecutar, por motivaciones políticas, actos que contravengan las leyes citadas, la SEP, como es su obligación, procederá a interponer todos los medios de defensa que sean necesarios ante los tribunales federales y los órganos de fiscalización y de procuración de justicia competentes para que se preserve el Estado de derecho en la materia, y ejercerá toda acción legal para nulificar los nombramientos otorgados por medios diferentes a los establecidos en la Constitución.

Sobre este tema, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguró que las plazas asignadas no son ilegales.

Everardo Hernández Díaz, integrante del Comité Ejecutivo de la sección 7, en la cartera de transparencia, vigilancia y rendición de resultados, señaló a La Jornada que esas plazas fueron ofrecidas en 2015 a normalistas y aspirantes de escuelas formadoras de docentes, públicas y privadas. Por conducto del servicio profesional se obtuvo una lista de prelación, los idóneos fueron contratados por la Federación, sección 7. Alrededor de 315 plazas, las restantes fueron mediante un acuerdo estatal por la sección 40.

Añadió que las adscripciones no regularizadas son 750, porque el sistema estatal como se le conocía a la sección 40 pasa al subsistema federalizado, el resto están ocupadas por docentes que se encuentran enfermos o en alguna comisión, ya sean permisos por acuerdos presidenciales o por año sabático, y otros porque se encuentran estudiando algún posgrado, tienen permisos sin goce de sueldo o por sufrir enfermedades no profesionales.