La Suprema Corte de Justicia de la Nación llamó al Congreso a instaurar una política pública que atienda el consumo de mariguana de manera integral y diseñar la legislación. Debe actuar a la brevedad posible, atender de manera integral el problema y dotar de contenido a la política pública mediante la emisión de normas generales que contemplen aspectos de prevención y como se regularán las conductas e indique si se opta por un modelo de comercialización, en el caso de que alcance la liberalización, o se va a abordar con un modelo de Estado o con la participación de particulares para las actividades comerciales.

El argumento se dio al resolver y otorgar un amparo para el consumo lúdico y recreativo de cannabis, el cuarto fallo en este sentido. Se debe precisar que este es el primer amparo que concede la segunda sala de la Corte, mientras los anteriores han sido avalados por la primera sala, y para que se forme jurisprudencia se requieren cinco criterio iguales, y para que este caso se sume a los anteriores se necesita que el pleno apruebe la unificación de criterios.

Ayer, la segunda sala otorgó la protección de la justicia federal a tres particulares para que puedan importar semillas de mariguana, o adquirirlas de sujetos previamente autorizados para ello, al resolver el amparo en revisión 1163/2017.

Al dictar su resolución, los ministros Alberto Perez Dayán, Eduardo Medina Mora, Javier Laynez y José Fernando Franco, dieron a conocer un posicionamiento en el cual señalaron que sus resoluciones deben tener un efecto práctico y que sean referentes con la realidad.

En ese contexto se dijo que las conductas en este tema “no deben abordarse desde una óptica exclusiva de libertades personales, sino a partir de una perspectiva de política pública y que este tipo de directrices y restricciones no deben ser impuestas por una sede jurisdiccional, sino, en todo caso, mediante el diseño de una política pública que compete al Poder legislativo.

No se trata únicamente de aceptar o rechazar su legalización, sino de reconocer y hacer evidentes los impactos que tal decisión genera en la salud de los consumidores y, por tanto, ocuparnos de las estrategias que el Estado debe poner en marcha para abordar las consecuencias y los efectos de una decisión de esta magnitud, dijo el ministro Medina Mora.