Alfonso Durazo Montaño considera que la ineficacia en el combate a la inseguridad es resultado de haber concentrado esta tarea en la Secretaría de Gobernación (SG), por lo que adelanta que se harán las reformas pertinentes para crear, de nueva cuenta, una secretaría de seguridad pública (SSP).

Sobre la desaparición del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) señala que el uso faccioso de este centro lo deslegitimó, así que debe ser sustituido cuanto antes por una coordinación nacional de inteligencia.

En entrevista con La Jornada, Durazo, quien está encargado por Andrés Manuel López Obrador para diseñar las estrategias en la materia, expresa: sería irresponsable (que los integrantes del Ejército y de Marina ya no realicen tareas de seguridad pública) en este momento.

El regreso a los cuarteles será paulatino, y adelanta: “se enfrentará a los cárteles como entes económicos” y la Ley de Extinción de Dominio será revisada, para que se fortalezca y su aplicación tenga resultados eficaces.

Durazo Montaño nació en Sonora, posee una licenciatura, dos maestrías y un doctorado en administración y políticas públicas; ha desempeñado diversos cargos en la administración pública federal, militó en el PRI y fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio. Posteriormente también ocupó el cargo de secretario particular del panista Vicente Fox durante cuatro años de su mandato presidencial.

Desde 2005 se sumó a Morena y se convirtió en el fundador de este partido en su entidad natal. En 2013 fue electo diputado federal.

–¿Cuál es parte del planteamiento que se tiene en materia de seguridad para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?

–Es muy claro que haber acumulado en Gobernación todas las atribuciones de seguridad es parte de la ineficacia en el combate a la inseguridad.

“El diseño de la SSP obedecerá a una visión de Estado, que trascienda la coyuntura sexenal; su estructura será compacta, y para ello se revisarán todas las atribuciones que tiene la SG en materia de seguridad, y por ello la desaparición del Cisen, en virtud de la manipulación, el uso faccioso y su desviación hacia actividades de naturaleza política, por lo que ha quedado lamentablemente deslegitimado.

El nuevo órgano (una coordinación nacional de inteligencia) dependerá de la SSP. No habrá en nuestro gobierno uso faccioso de ninguna de sus áreas. Hay alrededor de 16 instancias del gobierno federal que manejan bases de datos, son fuentes de inteligencia. Todas van a permanecer, particular y obviamente las de las secretarías de Marina y Defensa. Pero hoy trabajan de manera descoordinada.

–¿Qué va a ocurrir con la seguridad del presidente?

–Personalmente me inclinaría por tener algún respaldo, así fuese mínimo, cuando menos en términos de contención. El respaldo cuando habla de que la gente lo va a cuidar, es impresionante, es el apoyo y respeto que se le expresa. La última palabra la tiene López Obrador.

La decisión de reintegrar al Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional está tomada. Habrá que ver de qué manera se cubre con civiles las tareas de apoyo logístico.

–¿Usted no cree que esto es exponerse? ¿No es necesario un equipo de seguridad?

–En este momento está en los términos en que lo ha planteado el licenciado López Obrador. Yo optaría por el respaldo de un grupo de civiles que actuara cuando menos en el aspecto logístico y de contención en movilizaciones.

–¿Qué va a pasar con la Policía Federal en su estructura y con la Gendarmería?

–Formarán parte de la SSP. En el caso de la Policía Federal, es evidente la necesidad de consolidarla, fortalecerla, y eventualmente ampliar su estado de fuerza; lo que vamos a hacer es optimizar los recursos públicos.

“Iniciaremos de inmediato un programa emergente de capacitación y profesionalización (de todas las policías) que nos permita cumplir con mayor eficacia la responsabilidad de seguridad y que nos permita en su momento empezar a relevar paulatinamente las fuerzas militares que están en la calle.

“En cuanto a la Gendarmería, en una primera instancia vamos a mantenerla, pero vamos a hacer una evaluación de la Policía Federal y conocer con profundidad su debilidad y aplicarnos en su solución.

Vamos a combatir a rajatabla la corrupción, pero al mismo tiempo vendrán los estímulos por vía de la formación profesional y de carácter económico, sueldos, prestaciones, vivienda, becas, seguros de vida y de atención médica para todas las corporaciones.

–¿Cómo van a atacar de raíz a los cárteles de la droga en su aparato financiero y operativo?

–Se va a enfrentar al narcotráfico como ente económico y lo vamos a combatir en su principal fortaleza, que son las finanzas, porque es lo que le da capacidad para corromper y comprar protección oficial con sus recursos. Es ahí donde el rol de la Unidad de Inteligencia Financiera se vuelve fundamental junto con la extinción de dominio, que sólo se ha aplicado infructuosamente en dos o tres casos. Es una figura que tenemos que revisar, actualizar y dotarla de mayores recursos jurídicos para facilitar su aplicación.

–¿Estamos en la posibilidad de que se llegue a tener a civiles como titulares de las fuerzas armadas?

–No está planteado un escenario de esa naturaleza. Los altos mandos de las fuerzas armadas han cumplido con su responsabilidad y están en capacidad de cumplirla.

“Una buena parte de los excesos que le atribuimos a las fuerzas armadas obedece a los excesos de las órdenes de los civiles, de los políticos; siempre levantamos el dedo contra las fuerzas armadas, pero jamás contra los civiles que les ordenan. Y es ahí donde debe estar el acotamiento.

Soy de la idea de regresar a los militares a sus cuarteles; sin embargo, sería irresponsable hacerlo en este momento, porque hay zonas del país donde la única presencia del Estado son las fuerzas armadas.

–¿Qué va a pasar con la Ley de Seguridad Interior?

–Esperaremos a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación defina o se pronuncie sobre las inconsistencias, excesos, abusos y eventuales inconstitucionalidades de esa ley.

En todo caso, nosotros no echaremos mano de ningún recurso que capacite al Ejecutivo o a cualquiera de sus instancias para cometer excesos en el ejercicio de la fuerza legítima del Estado.