La investigación respecto al uso de universidades públicas para triangular recursos a empresas fantasma desde las secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Agrario y Agricultura derivó en la exigencia de devolución de mil 88 millones de pesos y la presentación de denuncias penales por el presunto desvío de 3 mil 37 millones de pesos, reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la primera entrega del informe de fiscalización de la cuenta pública 2017, la auditoría confirmó que esas dependencias contrataron a varias universidades para realizar trabajos que, sin embargo, no se llevaron a cabo. En todos los casos, la contratación –como se concluyó desde la cuenta pública de 2013– fue con empresas inexistentes o bien con un objeto social distinto a lo establecido en los contratos, e incluso que se constituyeron de manera repentina.

La ASF detalló que se han emitido 71 pliegos de observaciones, en 11 de los cuales se inició el proceso para exigir la devolución del dinero y, como parte de sus nuevas atribuciones, citó a los presuntos responsables a audiencias. En este caso se encuentran 63 funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y nueve empresas.

De los funcionarios, 38 están involucrados en contratos autorizados por Sedeso a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), por 370 millones que se triangularon a cuatro empresas, y 25 por los entregados desde esa dependencia a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor), por 718.9 millones, desviados a otras cinco compañías.

Respecto de las denuncias penales, la ASF refirió que se encuentran en etapa de integración por parte de la PGR. Detalló que de la cuenta pública de 2013 existen cuatro por contratos de Sedeso a la universidad de Morelos, por 697.7 millones, y dos por el pago de 168.8 millones a la casa de estudios mexiquense.

Para la cuenta pública de 2014, existen tres por contratos de Sedeso con la Autónoma de Morelos, por 367.3 millones. Al siguiente año, la Sedeso diversificó el uso de universidades: con la Politécnica de Chiapas trianguló 121.6 millones; con la Intercultural del Estado de México, 62.8 millones; con la Tecnológica de Nezahualcóyotl, 15.6 millones, e incluso con Radio y Televisión de Hidalgo, por 601.6 millones.

También en 2015, destinó 701.5 millones a las universidades Tecnológica del Sur del Estado de México, a la Politécnica de Texcoco y a la Tecnológica de Nezahualcóyotl.

Posteriormente, a la Universidad Autónoma de Chiapas le entregó 60.9 millones; a la Juárez del Estado de Durango y la Politécnica del Sur de Zacatecas, 20.1 millones, y a la Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas, 219.4 millones.

A pesar de haberse descubierto ese esquema para desviar recursos, la práctica continuó en 2017. En ese año, la Secretaría de Agricultura entregó un contrato de características similares a la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, aun cuando se determinó que dicha institución de educación superior no disponía de la capacidad técnica para participar como proveedor.

La ASF no encontró evidencia de que se cumpliera el objeto del convenio ni el perfil profesional de las personas supuestamente contratadas.