Puebla, Pue.

El cuarto lugar en pobreza que el estado de Puebla ocupa en el ámbito nacional no fue tema durante la campaña electoral. La gravedad de la estadística y todo lo que ésta representa fue totalmente eclipsada por el crecimiento de la violencia, la cual ubicó este año a la entidad en la segunda posición con el mayor número de candidatos y políticos asesinados, de las 32 entidades federativas del país.

La violencia se instaló cuando el crimen organizado encontró en el robo de combustible una variante a sus actividades. El vulgarmente conocido huachicoleo se disparó en 3 mil 28 por ciento durante el gobierno estatal que encabezó Rafael Moreno Valle Rosas, de acuerdo con el número de tomas clandestinas detectadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) en su sexenio (2011-2017).

Los asesinatos por el control de la extracción y venta ilegal de hidrocarburos ocurrieron ya en la administración de Antonio Gali Fayad, secretario de Infraestructura en el sexenio morenovallista, quien llegó al Poder Ejecutivo local el 1 de febrero de 2017, con el respaldo de Acción Nacional, para un mandato de 22 meses.

A la par se multiplicaron los asaltos a trenes, de acuerdo con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, la cual ubicó a Puebla en el segundo lugar de incidencia a nivel nacional durante 2017, con un total de 230 casos, sólo superada por Veracruz con 276 reportes.

El gobierno poblano reconoció la presencia del crimen organizado hasta el 20 de noviembre de 2017, a través del secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, tras la localización de varios cuerpos humanos en la capital poblana, algunos con signos de tortura. En el momento de la declaración, el proceso electoral local –que definirá al próximo gobernador y renovará el Congreso estatal y los 217 ayuntamientos– tenía sólo 18 días de iniciado.

El 11 de junio pasado, la Secretaría de Gobernación federal identificó tres municipios de Puebla como foco rojo para la elección, ante la presencia de Los Zetas y del cártel Jalisco Nueva Generación.

Se trata de San Martín Texmelucan, Palmar de Bravo y Tecamachalco; el gobierno estatal asumió el mando de la seguridad pública de Texmelucan el 2 de mayo pasado, en plena campaña electoral, ante denuncias de colusión de las bandas delictivas con los policías municipales. La misma intervención ejecutó la autoridad estatal en Ciudad Serdán el 21 de junio, por razones similares: una ola de ejecuciones, secuestros y robos.

Creció la deuda pública

Dos temas más fueron motivo de debate de la campaña electoral: el incremento de la deuda pública de la entidad y la privatización del agua, ambas acciones de las que es responsable la administración panista anterior.

Moreno Valle siempre negó un incremento de los pasivos, pero reportes oficiales de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado revelaron un aumento durante su mandato de por lo menos 143 por ciento. En el último informe, del 1 de febrero pasado, los compromisos de pago ascendían a 23 mil 27 millones de pesos, cuando el gobierno anterior del priista Mario Marín Torres (2005-2011) dejó una cifra de 9 mil 500 millones de pesos.

En tanto, el investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Eudoxio Morales Flores, ha alertado desde 2016 sobre la existencia de una deuda oculta generada por la contratación de proyectos para la prestación de servicios, como el detonado para la construcción y funcionamiento del Museo Internacional del Barroco. De acuerdo con el especialista, la deuda ascendería a 76 mil millones de pesos, es decir, ocho veces el monto que recibió Moreno Valle en 2011.

En cuanto al problema de la privatización del agua, los candidatos de oposición –Partido Revolucionario Institucional y coalición Juntos Haremos Historia– se comprometieron a revertirla, ante la inconformidad entre los usuarios del servicio por incrementos en las tarifas de hasta 500 por ciento.

En materia de pobreza, el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social identificó a 3 millones 728 mil poblanos en esa condición en 2016, lo que la posicionó en cuarto lugar de las entidades con mayor concentración de pobres, por debajo de los estados de México, Veracruz y Chiapas.