Casi una década después no se han cumplido los resolutivos de la sentencia sobre el caso del Campo Algodonero, publicada el 10 de diciembre de 2009, señaló Rosa María Álvarez González, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y quien fue juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso González Banda,  entre otras.

“Las medidas de prevención establecidas en la sentencia no han sido eficientes, lo cual se corrobora con el aumento de feminicidios en el país y ante la inactividad e indiferencia del Estado responsable de protegerlas. A pesar de la actualización del marco jurídico federal y local en materia de protección de los derechos humanos, la impunidad y corrupción, cual jinetes del Apocalipsis, han puesto a prueba un sistema de por sí ineficaz, que se ha visto manifiestamente desbordado por un desafío. Un tribunal mexicano del Estado no ha sido capaz de afrontar con el cumplimiento del fallo en sus aspectos más relevantes.

Desde entonces ninguno de los homicidas ha sido detenido, las autoridades omisas en el cumplimiento de sus obligaciones no han sido castigadas de acuerdo con la ley. Quizá los homicidas no fueron identificados, pero las autoridades sí tienen nombre y apellido.

En el fallo, el Estado mexicano estaba obligado, entre otras cosas, a elaborar una página de Internet con la información de todas las niñas y mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez en los pasados 17 años, así como garantizar a las familias de las mujeres asesinadas o desaparecidas servicios sicológicos y de salud.

Al participar en el segundo Congreso Internacional Buenas Prácticas en el Juzgar: el Género y los Derechos Humanos, la investigadora dijo que el número de víctimas aún se desconoce. Indicó que Ciudad Juárez, Chihuahua, se convirtió en foco de atención de la comunidad nacional e internacional a partir de 1993, cuando los medios de comunicación dieron cuenta sobre la desaparición de niñas y mujeres y posteriormente de los hallazgos de los cuerpos con evidentes signos de tortura y vejaciones sexuales.

La mayoría de los asesinatos de mujeres cometidos antes de 2004 quedaron impunes. Los homicidas nunca fueron castigados, ni siquiera localizados. Las fuentes difieren en el número de muertas, se hablaba de 200 hasta de mil mujeres desaparecidas, todavía seguimos sin saber a ciencia cierta cuántas fueron.

Recordó que la mayoría de las víctimas provenían de los estados del sur de la República y eran de escasos recursos económicos. Agregó que las políticas para modificar las agresiones siguen sin funcionar ya que la violencia va al alza a escala nacional.