ay tres causas que pueden llevar a la anulación de un resultado electoral triunfador: cuando el tope de gastos de campaña es rebasado en cinco por ciento y la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es inferior a 5 por ciento (aunque la sala superior del tribunal electoral federal abrió la puerta, en determinadas circunstancias, a que el rango diferencial en votos pueda ser mayor y aun así proceda el intento de anular esos resultados: https://goo.gl/ZKNBN7); cuando un partido o candidato compra tiempo para propaganda en radio o televisión y cuando se encuentra que para realizar sus actividades hubo dinero, o recursos en general, de procedencia ilícita.

En términos generales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha evitado declarar la anulación de comicios, salvo excepciones que confirman la regla. La magistrada que preside el tribunal electoral federal, Janine Otálora Malassis, dijo a principios del presente mes, entrevistada por Jorge Ramos y Ricardo Gómez, en El Universal: ...se llega a la nulidad de una elección cuando realmente las causas están debidamente acreditadas dentro del expediente. Entonces, ante una inquietud, la fantasía que puede haber de que el TEPJF llegase a bajar a un candidato es algo muy remoto que hoy por hoy no está ni en la mente del tribunal ni en la mente de, no me lo imagino, a través de la fiscalización (https://goo.gl/MLJjfQ).

Justamente por el lado de la fiscalización asoma la posibilidad de esa inquietud, esa fantasía. Apenas este lunes, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo (nombrado en marzo del presente año; funcionario con amplia experiencia en asuntos de contralorías, auditorías y hacienda pública, compañero de trabajo de José Antonio Meade en algunos años: https://goo.gl/xfG7jq) firmaron un peculiar convenio de colaboración para fiscalizar las campañas electorales y garantizar la legitimidad de las elecciones. El consejero presidente Córdova dijo, en ese acto: La fiscalización constituye uno de los elementos fundamentales para la calificación de los comicios y por lo tanto tiene que estar concluida dentro de los 45 días posteriores a la jornada electoral.

Pues bien, este miércoles, mientras seguidores de Andrés Manuel López Obrador abarrotaban el estadio Azteca, en los portales de algunos medios de comunicación (y, al otro día, en ediciones impresas) apareció una información respecto de la existencia de un resolutivo de la comisión de fiscalización del INE, que establecería responsabilidades del partido Morena en maniobras de financiamiento paralelo.

Según los detalles publicados, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE recopiló pruebas, videos y testimonios de la forma en que le habrían sido depositados a Morena, en un fideicomiso para damnificados, millones de pesos que luego se destinaron a candidatos, dirigentes y representantes de ese partido. La unidad mencionada es dirigida por Lizandro Núñez Picazo, quien un día antes de apuntarse en busca de ese cargo en el INE era administrador general de recaudación del Servicio de Administración Tributaria, área de influencia del candidato priísta José Antonio Meade.

Ciro Murayama, consejero presidente de la comisión de fiscalización del INE, negó que ya haya un resolutivo; tal dicho no es ambiguo, sino simplemente cronológico. La investigación sobre el caso del fideicomiso de Morena para damnificados existe. Partió de una denuncia y luego hubo una ampliación de denuncia. Pero aún no hay, formalmente, un resolutivo de la mencionada comisión de fiscalización, lo cual no significa que no lo pueda haber en el plazo de 45 días después de las elecciones (lo habrá, en los primeros días de agosto). La tentación, la inquietud, la fantasía, está presente, disponible.

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