Guadalajara, Jal.

Los comicios del domingo en Jalisco serán el epílogo de una campaña en la que, según el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, renunciaron por lo menos 600 candidatos, sobre todo por violencia y amenazas, aunque también debido al incumplimiento de la paridad de género.

La violencia será el principal reto para el próximo gobernador del estado, cuna y sede del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo criminal más poderoso del país, según autoridades federales, que tiene como epicentro el sur de la entidad, donde de diciembre a la fecha han sido asesinados cinco candidatos o aspirantes a alcaldías y diputaciones locales.

También se atribuyen al CJNG la desaparición de tres italianos en enero, las muertes de tres estudiantes de cine en marzo y el reciente atentado contra el ex fiscal estatal Luis Carlos Nájera, que derivó en persecución, balaceras y narcobloqueos por los que tres personas murieron.

El CJNG se consolidó en medio de una oleada de asesinatos. En 2014 se cometieron mil 907; en 2015, 2 mil 43; 2 mil 312 en 2016 y 2 mil 458 el año pasado, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Este año podría ser aún peor. En el primer trimestre se reportaron 426 homicidios, 45 por ciento más que en el mismo lapso de 2017. En este gobierno, encabezado por el priísta Aristóteles Sandoval, los asesinatos se han incrementado 58 por ciento en comparación con los cometidos en la administración del panista Emilio González.

Por otra parte, Jalisco ocupa el quinto lugar nacional en deuda pública como proporción de sus participaciones y presupuesto, con pasivos por 17 mil millones 579 mil pesos. Sin embargo, atrajo casi 9 por ciento del total nacional de inversiones en este año. De 2013 a junio de 2017 recibió 9 mil 793 millones de dólares de inversión extranjera directa, 45 por ciento más que entre 2007 y 2011.

Aunque la actual administración ha reducido el índice de pobreza, tres de cada 10 jaliscienses (aproximadamente 2.5 millones de personas) aún se encuentran en esta condición, según Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.