La Auditoría Superior de Ciudad de México (ASCM) determinó que las atribuciones que se asignaron los diputados Leonel Luna Estrada, del PRD, Jorge Romero Herrera, del PAN, y el también perredista Mauricio Toledo Gutiérrez para proponer, vigilar y supervisar el ejercicio de 7 mil 754 millones de pesos destinados a la reconstrucción en el Presupuesto de Egresos fueron establecidas en el ejercicio de las facultades expresas que tiene la Asamblea Legislativa (ALDF).

Dicha disposición generó una controversia entre la Comisión para la Reconstrucción que llevó a la renuncia de Ricardo Becerra, primer comisionado, al advertir que los legisladores habían determinado la asignación de los recursos ignorando las prioridades y sin relación alguna con el diagnóstico de las necesidades de los damnificados por el sismo del 19 de septiembre, tema sobre el que no se pronunció la ASCM.

El grupo parlamentario de Morena promovió a su vez en la Corte una acción de inconstitucionalidad y mediante una iniciativa del entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, la ALDF reformó el decreto de Presupuesto de Egresos para quitar dichas facultades a los legisladores.

El texto suprimido, contenido en el artículo 14 del decreto, establecía que el órgano legislativo a través del presidente y secretario de la Comisión de Gobierno y del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública autorizará, supervisará, vigilará y propondrá el ejercicio de los recursos asignados para acciones de reconstrucción.

En la opinión de la ASCM, se concluye que la ALDF no invadió esfera competencial alguna del Ejecutivo local en la operación de los recursos para la reconstrucción.

La Comisión de Gobierno recibió del órgano auditor dicha opinión desde el pasado 22 de junio, pero no la hizo pública.