a decisión de los electores este primero de julio determinará si la crisis en la que vivimos puede empezar a resolverse o continúa la descomposición de la vida social. México se encuentra sumido en una crisis de dimensiones múltiples, en las que destaca que el Estado ha perdido la capacidad de cumplir con sus funciones esenciales. La pérdida del monopolio legítimo de la violencia se vive cotidianamente, alcanzando, como en ninguna otra ocasión, un número importante de candidat@s asesinados de diferentes partidos, pero en 75 por ciento de los casos de partidos opositores al gobernador en funciones.
El gobierno federal perdió toda capacidad de imponerse sobre los diferentes actores políticos y sociales para resolver las discrepancias en relación con la aplicación del estado de derecho y la construcción de la posibilidad de un futuro compartido. Esta pérdida de capacidades se explica porque es parte sustancial de la corrupción de la vida pública, en colusión con intereses económicos cuestionados nacional e internacionalmente. A ello debe agregarse su incapacidad para resolver la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Además, su incompetencia para aprovechar la contienda electoral en Estados Unidos en favor de los intereses nacionales, al apoyar la candidatura de Donald Trump, da cuenta de su falta de visión para reconocer lo que importa a los diversos sectores sociales y económicos.
La presunción del gobierno del PRI de que al lograr las reformas educativa y energética se abrirían las compuertas que permitirían una salida dinámica al estancamiento económico, resultó un fracaso que intentó resolverse con evaluaciones de profesores vigilados por la fuerza pública y con los gasolinazos que a una semana de la elecciones se siguen aplicando. Se configuró un cuadro absolutamente crítico que al empatarse con el proceso de elección de diversos cargos públicos, planteó a los ciudadanos la posibilidad de no sólo elegir partidos y personas, sino la disyuntiva de mantener o cambiar hacia lo que esperan sea un cambio en el rumbo de la vida nacional.
Todo indica que un abanico muy amplio de electores ha decidido modificar la ruta por la que nuestro país transitará, por lo menos, los próximos seis años. Morena formará gobierno federal y varias de las gestiones estatales en disputa, logrando, además, una amplia representación en las cámaras de diputados y senadores. Se conformará una nueva mayoría que tendrá que comenzar la reconstrucción del país. Recibirá una nación muy descompuesta, con regiones en franco estado de guerra con la delincuencia organizada y amplias posibilidades de que el TLCAN sea repudiado por Estados Unidos, obligando a una restructuración de la planta productiva del país.
Para enfrentar este enorme desafío contará con un activo fundamental: el respaldo social alcanzado tras muchos años de resistencia y enfrentamiento de varios de los sectores que postulan a AMLO con las fuerzas políticas y económicas que han llevado al país al estado en que se encuentra. Este respaldo social se ha alimentado de expectativas que no han podido cumplirse en muchas décadas. Su paciencia se ha agotado y es menester responderle lo más rápidamente posible. Gobernar para la gente implica responder a sus reclamos más sentidos. Detener la corrupción, por supuesto, pero detener también la desesperanza nacional. Convencer a la gente más necesitada en el país que es posible mejorar sus condiciones de vida.
Para ello se requerirá que el equipo que gobierne tenga visiones y misiones compartidas que le permitan resolver las desafiantes dificultades que se enfrentarán en prácticamente todos los ámbitos de operación gubernamental. La tarea será extraordinariamente difícil. La abigarrada constelación de personas que fueron aceptándose para formar una especie de coalición electoral cargada esencialmente al centro-derecha, pudiera constituir una camisa de fuerza que haga más difícil la instrumentación de políticas que restituyan el sentido social de la acción gubernamental, perdido tras 30 años de neoliberalismo.
La celebración popular de una victoria por mucho tiempo esperada, debe estar acompañada de un discurso del presidente electo que convoque a una gran alianza nacional en la que participen todos los que estén dispuestos a trabajar por el bienestar de la nación. Este propósito demanda, en primer lugar, el bienestar de los que han sido excluidos de los beneficios del crecimiento económico. Se trata de proponerse y actuar para que la política económica recupere su propósito central: la distribución social de los frutos del proceso económico. Lograr este resultado será la clave para que el futuro pueda ser compartido verdaderamente por todos.
