Nueva York

El régimen de Donald Trump aún no informa ni parece saber cómo cumplirá con la orden de un juez federal de reunir en un plazo de 30 días a familias inmigrantes que fueron separadas en la frontera; padres y abogados siguen sin poder ubicar a muchos de los más de 2 mil menores de edad bajo custodia del gobierno por todo el país, mientras se multiplican denuncias sobre autoridades que presionan y hasta amenazan a solicitantes de asilo para que abandonen el país usando a sus hijos separados como fichas de negociación.

Cuando la tarde de ayer periodistas le preguntaron al presidente qué opinaba del fallo provisional del juez federal emitido la noche del martes ordenando a su gobierno reunir a los niños con sus padres en un plazo de un mes, Trump sólo respondió: nosotros también creemos que las familias deben estar juntas.

Pero más allá de la crueldad del responsable de la separación de niños, incluidos bebés, comentando que desea lo opuesto, ni él ni sus subordinados ofrecieron detalles sobre cómo se está cumpliendo esa meta. Algunos altos funcionarios insisten en que no podrán reunir a estas familias hasta que se logre modificar una orden judicial federal que prohíbe mantener encarcelados a menores de edad por más de 20 días.

Ayer fue derrotado un proyecto de ley de los republicanos en la Cámara de Representantes que incluía la anulación de esa orden, y ahora se espera otro intento más limitado enfocado en lograr ese objetivo, mientras el Departamento de Justicia está solicitando a un tribunal federal cancelar esa misma orden para poder detener de manera indefinida a estas familias, incluidos sus hijos menores de edad.

Mientras tanto, los padres que están en centros de detención de migrantes, o que fueron liberados recientemente, o que incluso ya hasta fueron deportados, siguen la intensa y agonizante búsqueda de sus hijos que han sido enviado en algunos casos a albergues y guardas a miles de kilómetros de distancia. La línea de información establecida por el gobierno no da cuenta, y eso cuando es contestada.

A pesar de que el fallo del juez federal Dana Sabraw –que ordena la reunificación con sus hijos en menos de 30 días, y si son menores de cinco años el plazo es de 14 días– generó esperanza y emoción entre los padres, aún no hay información sobre cómo el gobierno de Trump propone cumplir esa orden.

Algunos dicen que es un desafío logístico masivo que podría tardar semanas y tal vez meses. Pero críticos rechazan eso. Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), organización que presentó la demanda judicial que resultó en el fallo del juez, declaró que reunificar a 2 mil niños no debería de ser problema para el gobierno federal de Estados Unidos si este opta por hacerlo una prioridad. Es cuestión de voluntad política, no de recursos declaró a la agencia de noticias Ap.

Al mismo tiempo, se ha reportado que la política de tolerancia cero anunciada por el gobierno de Trump en abril, la cual llevó a la criminalización y encarcelamiento de todo inmigrante indocumentado capturado por las autoridades, y provocando así la separación de miles de niños de sus padres, también ha convertido el proceso de justicia en algo parecido a una línea de producción.

Cada día, decenas (hasta 75) de acusados esposados son presentados en grupo ante jueces en un tribunal criminal en la frontera. Casi todos estos recién capturados han aceptado ser expulsados de manera expedita del país, sin poder consultar a abogados antes de esa negociación; sólo 14 por ciento de los detenidos, incluyendo menores, tiene acceso a un defensor, según la asociación nacional de abogados. Cada uno será procesado en menos de dos minutos. No hay suficientes jueces, y mucho menos abogados.

Más aún, miles de víctimas de estas políticas que ahora se encuentran dentro de este laberinto legal en otro país buscando a sus hijos, son indígenas de México y Centroamérica, que no necesariamente hablan español. Ante ello, voluntarios armaron una brigada de intérpretes en conjunto con el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales que está enviando a dos decenas de traductores que hablan inglés, español, zapoteco e idiomas mayas como k’iche y mam para trabajar con familias separadas en la frontera.

A la vez, se multiplican las quejas sobre cómo las autoridades han presionado a solicitantes de asilo abandonar sus casos al ofrecerles reunirlos con sus hijos si aceptan ser deportados. En un caso denunciado por la víctima a ACLU, un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza amenazó a una madre separada con la adopción forzada de su hija de 12 años por una familia estadunidense si no aceptaba ser deportada.

Mientras los políticos, funcionarios y diplomáticos de este y otros países abordan el tema, miles de niños –muchos de ellos menores de cinco años, incluyendo bebés– esperan ver qué tanto más castigo, dolor y temor pueden provocar los adultos responsables de todo esto.

Más información