Buenos Aires

Un día después del paro general del lunes en el país, Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la jefatura de gabinete, decidió el despido de unos 400 periodistas y trabajadores de la agencia estatal de noticias Télam, mediante un comunicado  firmado por el directorio de la empresa en el que se acusa directamente a los despedidos de hostigamiento, por haber advertido lo que iba a suceder.

Lombardi es el responsable de miles de despidos en todos los medios públicos del país y está encargado del desguace de los mismos, además de emprender acciones amenazantes contra todos los periodistas que siguen trabajando.

Junto con la destrucción de todo medio crítico al gobierno derechista de Mauricio Macri, también se está persiguiendo y obligando a renunciar a los jueces que el Ejecutivo no maneja o que tienen alguna de las tantas causas de corrupción por la cuentas off shore, tema en el que están involucrados desde el presidente hasta  una mayoría del gabinete. 

La Oficina Anticorrupición, que dirige la macrista Laura Alonso, quien trabaja para Fundaciones de Estados Unidos, relacionada con el representante republicano Marcos Rubio, asesor del presidente Donlad Trump y de los grupos cubano-estadunidenses de Miami, hasta ahora sólo actuó para salvar de los juicios a Macri y sus allegados. 

En tanto, los trabajadores de Télam apoyados por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y por sus colegas de los medios oficiales y otros, que como el caso de la televisión pública, están en la mira de los despidos masivos, continúan en asamblea permanente. 

La agencia estatal de noticias Télam es dirigida por Rodolfo Pousá, quien comunicó los despidos con la justificación de modernizar la empresa y la acusación de que los trabajadores pretenden apropiarse de la línea editorial como si fuera un botín político, lo cual es falso, ya que había una denuncia previa de los periodistas  por aprietes.

Los trabajadores decretaron un paro por tiempo indeterminado. En el caso de la Televisión Pública, los periodistas  que están bajo presión, fueron  impedidos de continuar con los informativos que transmitía la televisora del Estado y decidieron reunirse y continuar  por fuera de sus horas de trabajo  y, como forma de resistencia, lanzar un informativo que va por redes.

En la mira del gobierno de Macri están medios escritos como Página/12 y el semanario Tiempo Argentino, que mantiene una edición diaria por la web, y también a los detenidos  preventiva e ilegalmente dueños de la empresa Indalo, Cristibal López y Fabian de Souza, que tienen el canal C5N y radios importantes, con programas que trasmiten la verdad de los hechos cotidianos, que silencian los grandes medios oficialistas.

Aunque López y su socio han querido pagar una deuda de impuestos con el Estado con la venta de una petrolera, se les ha impedido. Recientemente, en marzo, ambos fueron liberados por la sala I de la cámara federal (tribunal) porteña, que votó en su favor, pero ésta fue desintegrada: el camarista Eduardo Farah fue trasladado intempestivamente al Tribunal Oral Penal Económico 1, y Jorge Ballestero se tomó una licencia médica y después pidió su jubilación.

Ante esta situación los remplazaron  los jueces Martín Irurzún y Leopoldo Bruglia, que en abril dejó sin efecto la liberación de López y De Souza, como lo pidió el juez Julían Ercolini, todos amigos del gobierno ante un pedido público y directo del presidente Macri.

El abogado Carlos Beraldi, defensor de los dueños del Grupo Indalo, consideró que no debía hacerse lugar a la detención y que la misma violentaba el principio de igualdad ante la ley, recordando que  la cámara federal porteña había ordenado la excarcelación y también había modificado la calificación legal.  Sin medios y sin jueces se ha convertido en un dicho muy popular.