La Alianza Mexicana contra el Fracking, la Red de Acción por el Agua y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua exigieron a las autoridades establecer medidas para proteger los volúmenes del líquido que quedaron sin protección con los 10 decretos emitidos a principios de este mes y con los cuales se eliminaron la vedas que impedían la explotación de 300 cuencas ecológicas, equivalentes a 55 por ciento de lagos y ríos del país.

Aseveraron que los decretos firmados por el presidente Enrique Peña el 5 de junio, cuando se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y publicados un día después, dejaron sin protección casi 70 por ciento del volumen de las cuencas, que ahora están disponibles para la explotación, el uso y su aprovechamiento para cualquier uso incluyendo el sector industrial y extractivas, lo que constituye un retroceso en materia ambiental y deja en entredicho el derecho humano al agua.

Incluso advirtieron que con las nuevas disposiciones hay casos en que el gobierno federal liberó porcentajes mayores para extraer agua, como es el caso del río Pánuco 2, donde se fijó en 91.5 por ciento. El gobierno federal debió actualizar los datos sobre disponibilidad de agua en todo el territorio nacional antes de hacer cualquier modificación al respecto, ya que la información más reciente sobre el tema data de 2011.

Como organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento estamos muy preocupadas porque leemos estos decretos como instrumentos intencionalmente ambiguos para mantener la discrecionalidad del manejo del agua que ha caracterizado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Las declaraciones de esta institución, lejos de tranquilizarnos, reafirman su profundo desprecio por los aspectos sociales, culturales y ambientales del agua, al declarar que la gestión de ésta es un problema meramente técnico, puntualizaron.

A diferencia de lo que los impulsores de esa medida sostienen, al analizar cada uno de los decretos emitidos y comparando el volumen de las reservas asignadas para conservación frente a la disponibilidad de la cuenca, se estima que en promedio los decretos solo establecieron una protección de poco más de 30 por ciento para conservación ecológica y menos de uno por ciento para uso doméstico y público urbano, señalaron.