De 2011 a marzo de 2018 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) recibió 2 mil 810 quejas y reclamaciones por presuntos actos de marginación relacionados con mujeres por embarazo, discapacidad y género, por mencionar algunos. En el último año, Ciudad de México, y los estados de México y Jalisco son las entidades con el mayor número de expedientes.

Durante el segundo Congreso Internacional Buenas Prácticas en el Juzgar: el Género y los Derechos Humanos, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Conapred, señaló que en la actualidad este sector de la población junto con indígenas y personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual enfrentan obstáculos para acceder a la justicia ante la falta de perspectiva de género, la cual –asentó– se debe asumir no sólo en lo relativo a las mujeres, sino desde una visión más amplia de reconocimiento de las diversidades sexuales y con una mirada interseccional.

En este sentido, expuso que es necesario tener en consideración que las mujeres enfrentan otras barreras, como el ser indígena, el color de piel o tener alguna discapacidad, lo cual las coloca en una situación aún más vulnerable.

Agregó que las mujeres trans son víctimas de un sistema que no las atiende de manera justa, pues la falta de perspectiva de género impide comprender que hay delitos motivados por el rechazo a la diversidad.

El género ha sido una de las cuestiones que han tenido como consecuencia la discriminación y el no acceso a la justicia aun con la aplicación estricta del derecho; este programa combina la multidisciplinariedad necesaria, indicó Mónica González Contró, abogada general de la UNAM.

Por su parte, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas; expresó que es urgente que el Estado ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las labores domésticas, que establece entre otros derechos la regulación de las horas de trabajo, el derecho a días de descanso, desarrollar quehaceres en un espacio seguro y recibir un trato digno. El acuerdo fue aprobado el 16 de junio de 2011, y México lo firmó pero en siete años no lo ha puesto en marcha. Más de una docena de países ya lo aprobaron.