Mexicali, BC.

Organizaciones civiles y de abogados de Estados Unidos libran una batalla legal contra la criminalización de los migrantes que llegan a ese país en busca de mejores condiciones de vida, solicitan refugio humanitario o asilo político, producto de las medidas de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump, que separa a los menores de sus padres durante su detención.

Si realmente buscamos frenar la separación de familias, debemos atacar las detenciones de migrantes, sostuvo Monika Langarica, del grupo de abogados de ABA Proyecto de Justicia Migratoria, con sede en San Diego, California.

En entrevista con La Jornada, la activista opinó que el problema no radica en este dilema, separar o detener familias enteras, porque en sí una detención es una separación familiar y esta es la herramienta de la administración federal.

Aseguró que las autoridades estadunidenses criminalizan la petición de asilo politico y refugio humanitario al considerarlo un delito cuando no le es, porque está estipulado en la legislación.

Monika Langarica, quien el pasado viernes participó en una protesta frente al Centro de Detención de Migrantes de Otay Mesa, puntualizó que la detención de familias de indocumentados implica la separación de las mismas, lo que viola sus derechos humanos.

Informó que la semana pasada llegaron a ese centro federal 500 indocumentados, con lo que el número de detenidos llegó a dos mil personas separadas de sus esposas, esposos, hijos, madres, hermanos... totalmente de sus comunidades.

Explicó que el Proyecto de Justicia Migratoria trabaja con los integrantes de los sectores más vulnerables en Estados Unidos, porque sin ser criminales están detenidos, además de que no tienen ninguna representación en ese país, incluso son personas que no tienen acceso a abogados ni a la justicia.

Apoyo jurídico, protestas y traducciones

Otras agrupaciones civiles, a través de mecanismos de contactos y redes sociales, se movilizan al detectar casos concretos de defensa en los centros de detención migratorios y organizan manifestaciones contra la política antimigrante de Trump.

El pasado sábado tuvo lugar una protesta convocada por la Coalición de los Derechos Humanos de Inmigrantes; el 22 de junio, Keep Families Together encabezó otra en el Centro de Detención de Otay, administrado por Core Civic, una empresa privada señalada de financiar campañas de congresistas.

La organización Al Otro Lado mantiene una actividad permanente de apoyo jurídico a los 228 peticionarios de refugio de la Caravana del Migrante que iniciaron trámites el pasado 4 de mayo en el puerto fronterizo de San Diego y que al ser trasladados al Centro de Detención de Otay Mesa fueron separados de 123 menores centroamericanos.

El sábado, la abogada Nicole Ramos convocó a abogados en Texas para defender a un migrante de esa caravana que está detenido en el centro de Conroe. Incluso, solicitaron la colaboración ciudadana para que los apoyen con la traducción de inglés al español de documentos a utilizarse en juicios.

En tanto, la organización L4GG (Abogados por un buen gobierno) anunciaron que lograron conjuntar a mil 500 litigantes para la defensa de estos migrantes detenidos en estaciones de Estados Unidos con la intención de reintegrarlos con sus hijos.

Esta agrupación inició actividades en 2017 y en septiembre movilizó a 5 mil 400 abogados en respuesta al anuncio de rescisión del programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y atendieron a 130 mil de los llamados dreamers a cumplir con el plazo de renovación.