Al igual que ha ocurrido en otros predios, una inmobiliaria pretende apropiarse de una construcción en ruinas ubicada sobre la avenida del Taller número 21, en la delegación Cuauhtémoc, donde sus habitantes habían iniciado el proceso de expropiación para la reconstrucción del edificio por parte del Instituto de Vivienda (Invi).

Los posesionarios, quienes viven en un campamento frente al inmueble desde el sismo del 19 de septiembre, ante el riesgo de un colapso, pidieron al gobierno capitalino agotar todos los recursos legales, para mantener en firme la declaratoria de utilidad pública, contra la cual inició un juicio de amparo la inmobiliaria Emisel.

Se concede la suspensión provisional solicitada para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto para que las autoridades responsables se abstengan de emitir el decreto expropiatorio respecto del inmueble, establece la resolución.

La inmobiliaria ingresó el amparo el pasado 9 de junio en el juzgado treceavo de distrito en materia administrativa bajo el número de expediente 677/2018.

Las familias que habitaban el edificio explicaron que durante años pagaron renta al propietario del inmueble que, de un día para otro, dejó de acudir. De dos niveles, la construcción sufrió daños con el sismo de 1985 y se continuó deteriorando por la falta de mantenimiento, a grado tal que en la actualidad hay un dictamen de protección civil que lo tiene clasificado como de alto de riesgo de colapso.

Con el sismo del 19 de septiembre se agudizaron las afectaciones, quedó inhabitable y sus moradores se instalaron frente al predio en un campamento.

Javier Ibarra, uno de los habitantes, explicó que iniciaron el proceso de expropiación desde 2012, y tras cumplir con los requisitos y realizar todos los trámites, el gobierno capitalino emitió la declaratoria de utilidad pública en marzo de 2016.

La inmobiliaria Emisel, que se adjudica la propiedad, presentó un primer juicio de amparo que le fue concedido para que presentara pruebas de que es la dueña del inmueble, situación que no ha logrado acreditar, y posteriormente optó por ingresar otro recurso similar en contra de la declaratoria de utilidad pública, señalaron los vecinos.