El escenario de violencia se extiende a todo el país, a días de las elecciones. En mayo, de manera inédita, se alcanzó el punto más alto de homicidios en la historia contra candidatos de diversos partidos. Se trata de una situación que anticipa un serio desafío de seguridad para la paz y gobernabilidad democrática en las regiones con mayor presencia de organizaciones delictivas y notorio debilitamiento institucional, sostiene un estudio de Etellekt Consultores.

Las ejecuciones han sido, particularmente, contra aspirantes a cargos de elección locales. Sólo en un caso, contra un candidato a diputado federal. En la radiografía de homicidios y otras agresiones (amenazas y ataques), las entidades donde se han reportado principalmente son: Guerrero, Michoacán, estado de México, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guanajuato.

Un dato que destaca en el estudio Quinto informe de violencia política en México 2018 es que, en total, 120 políticos (en funciones y candidatos a cargos de elección) han sido ultimados en 417 municipios. La mayoría de las agresiones se han cometido en contra de integrantes del PRI y de sus aliados del Verde Ecologista y Nueva Alianza, con 48 asesinatos. El resto, 39, forma parte de la alianza Por México al Frente, y 20 de Juntos Haremos Historia.

En su mayoría, los homicidios han sido perpetrados en contra de políticos opositores a los partidos que gobiernan las entidades en que se reportaron y fueron llevados a cabo –80 por ciento de casos– por comandos armados. Esto se considera el sello característico de grupos de la delincuencia organizada.

En las elecciones de 2012 fueron ejecutados nueve políticos y un candidato. En cambio, este año el crecimiento ha sido exponencial. Las cifras se ubican en 122 y 46, respectivamente, desde que comenzó el proceso electoral, en septiembre pasado, apunta el análisis.

Desde la perspectiva del Instituto Nacional Electoral, aún cuando el fenómeno es muy preocupante por sus dimensiones, el hecho de que las ejecuciones no se enfoquen en un partido o coalición refleja que no hay motivaciones políticas contra una sola fuerza. Aun cuando se subraya que hay una estrecha colaboración entre autoridades electorales y la Secretaría de Gobernación, poco se ha reflejado en acciones para atenuar las agresiones.

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional resaltaron que la mayoría de esos ataques y homicidios contra políticos (en funciones o sin cargo), precandidatos y candidatos a cargos municipales y estatales tienen como objetivo fundamental garantizar el control territorial mediante posiciones políticas que les permitan, a su vez, tener incidencia en las políticas de seguridad.

Ante la ola de violencia desatada en diversas entidades del país, sobre todo a raíz de los 46 homicidios de quienes buscaban cargos de elección popular, hay necesidad de fortalecer las políticas de seguridad para garantizar que los grupos delictivos no se conviertan en factor que afecte los comicios.

Información en poder de mandos de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de Seguridad señala que Guerrero presenta el mayor número de municipios con problemas de violencia de impacto político: Tixtla, Chialapa, Tlapa de Comonfort, Coyuca de Benítez, Petatlán, Zihuatanejo, La Unión, General Heliodoro Castillo, Coyuca de Catalán, Pungarabato, Ajucitlán del Progreso, Arcelia, Leonardo Bravo, Tlalchapa, Apaxtla, Cuetzala, Zirándaro, Teloloapan y Cocula.

En Guerrero, al menos 10 grupos delictivos mantienen disputas territoriales por las zonas de cultivo de amapola y el procesamiento de goma de opio en heroína, así como por el control de las policías locales.

En Tamaulipas las pugnas entre las organizaciones delictivas Los Zetas, Cártel del Noreste y Cártel del Golfo también impactan las actividades cotidianas en los municipios y en la operación electoral. En Nuevo Laredo se han reportado más de 110 homicidios de presuntos delincuentes, civiles inocentes y autoridades. Otros municipios con altos índices delictivos en la entidad son: San Fernando, Valle Hermoso, González, Mier, Padilla y Reynosa.

En Michoacán, confrontaciones y nuevas alianzas entre La Nueva Familia Michoacana, La Nueva Empresa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y células de Los Caballeros Templarios, Los Viagras o H-3, que tienen impacto en los municipios de Apatzingán, Uruapan, La Piedad, Tarímbaro, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas y la Huacana.

En Morelos, los cárteles de Los Rojos y Los Ardillos tienen impacto en los municipios donde se ha puesto al descubierto el vínculo entre autoridades municipales y organizaciones delictivas: Puente de Ixtla, Temixco, Tlalquiltenango, Tlatizapán, Mazatepec, Tetecala, Coatlán del Río y Amacuzac.