Acapulco, Gro.

Ante los casos de homicidios de candidatos a cargos de elección popular y la violencia que se vive en pleno proceso electoral, los procuradores y fiscales del país advirtieron que dicha situación puede generar temor e inseguridad en los electores e inhibir su participación en los comicios.

Durante el posicionamiento de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el vocero, Víctor Antonio Carrancá, rechazó la violencia electoral por la que atraviesa el país.

En ese sentido, mencionó que durante la 39 asamblea plenaria de la Conferencia de Procuradores se comprometieron a reforzar las investigaciones relacionadas con agresiones a candidatos a cargos públicos.

Los procuradores y fiscales generales del país rechazan la violencia durante el proceso electoral, de manera particular en contra de las mujeres, y asumen el compromiso de reforzar las acciones de investigación y persecución para esclarecer los hechos y castigar a los culpables, enfatizó.

A denunciar

Acompañado por el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán; y Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade); Antonio Carrancá exhortó a la ciudadanía para que denuncie y colabore en las investigaciones para esclarecer los hechos y procesar a los acusados.

Como es del dominio público, durante el actual proceso electoral se han registrado diversas agresiones, directas e indirectas, en contra de precandidatos, candidatos y funcionarios partidistas, de las que un porcentaje importante fue contra mujeres.

La existencia del temor e inseguridad que ocasiona entre la ciudadanía la percepción de violencia en el actual proceso puede inhibir su participación en el ejercicio de sus derechos políticos, expresó.

Recordó que varias instituciones, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, se han pronunciado públicamente por frenar esa violencia, y corresponde a las procuradurías y fiscalías la persecución de los imputados por esos hechos de violencia.