Acapulco, Gro.

Los procuradores y fiscales del país cerraron filas y se pronunciaron en contra del órgano del Poder Judicial de la Federación (PJF) que ordenó la creación de una comisión de la verdad para el caso Iguala.

Durante la 39 asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, los procuradores y fiscales de las entidades federativas afirmaron que el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito, con sede en Tamaulipas, carece de facultades para emitir esa orden, por lo cual se excedió en sus atribuciones.

Al presentar el posicionamiento, Víctor Antonio Carrancá, fiscal general del estado de Puebla y vocero de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, sostuvo que el tribunal vulneró los principios de supremacía constitucional, de reserva de ley y el de separación de poderes, y desbordó los efectos que corresponden al juicio de amparo, trastocando la esencia del Ministerio Público.

No existe disposición alguna que faculte al Poder Judicial a subrogar la investigación y persecución de los delitos al margen de la distribución de funciones y competencias que expresamente establece la Constitución, dijo.

En conferencia de prensa, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, fiscal general del estado de México, dijo que hubo un exceso del tribunal colegiado en la resolución, pues no tiene facultades constitucionales para ordenar la creación de una comisión de justicia y verdad, y será la Procuraduría General de la República la que determine si existe o no un recurso.

Reiteró que un tribunal colegiado no tiene facultades para determinar y coordinar una comisión de la verdad, ni puede, eventualmente, otorgarle atribuciones de investigación.

Como quedó señalado en el pronunciamiento, hay una afectación a todo el orden constitucional. El planteamiento que se hace es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga facultades al Ministerio Público de manera exclusiva para la investigación y persecución de delitos, agregó.

El 31 de mayo, el tribunal colegiado resolvió que la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial en la investigación de la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

Al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, el tribunal determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones contra los coinculpados fueron obtenidas mediante tortura, por lo que concedió la protección de la justicia federal a los quejosos y ordenó reponer el procedimiento.

Además, los magistrados puntualizaron que como no se cuenta con una fiscalía independiente, se determinó la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia, integrada por los padres de los normalistas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.