n el contexto de uno de los procesos electorales más violentos en la historia contemporánea de México, en el que 113 candidatos, precandidatos y militantes de distintos partidos políticos han sido asesinados, las voces de tres mujeres indígenas se han hecho escuchar denunciando el despojo, las complicidades del Estado con el crimen organizado y la violencia institucional castrense. Desde distintas arenas políticas y a partir de estrategias de lucha muy diferentes, María de Jesús Patricio, Nestora Salgado y Valentina Rosendo Cantú nos recuerdan el carácter racista, violento y patriarcal del Estado mexicano, develando las mentiras de la seudodemocracia mexicana.
Procedentes de distintas regiones indígenas del país, y con genealogías políticas muy distintas, estas tres mujeres se han atrevido a confrontar a los poderes fácticos y a denunciar que la violencia que afecta a la sociedad mexicana, no es producto de hombres malos
que actúan desde la ilegalidad, sino que emana de las instituciones mismas del Estado.
María de Jesús Patricio, médica tradicional náhuatl y vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI), no logró su candidatura independiente debido a las reglas excluyentes y racistas del sistema electoral mexicano que requerían de tecnología y conectividad muy costosas para recabar las firmas de apoyo. Requisitos infranqueables para la mayoría de los municipios pobres indígenas y no indígenas del país. Sin embargo, la apuesta política del CNI de promover la organización de la sociedad contra el despojo y la violencia sigue en pie. Marichuy ha iniciado una gira por el norte del país, durante las dos últimas semanas de junio se reunirá en Baja California con integrantes del pueblo kumiai que han sufrido despojos de tierras por los proyectos eólicos, con migrantes deportados que viven ahora en contextos de extrema pobreza y violencia. En Nuevo León escuchará las voces de los padres y madres de desaparecidos, de trabajadoras domésticas, de los sindicalistas. En Durango y Coahuila se reunirá con campesinos de la Comarca Lagunera que han sufrido distintos tipos de agravios. Su llamado es a fortalecer los vínculos comunitarios, a reconstruir el tejido social y a organizarnos. Es la apuesta por una política de vida y de cuidado ante la muerte y el despojo.
Nestora Salgado, mujer indígena de origen me'phaa y náhuatl, se ha convertido en un símbolo de resistencia por haber denunciado los vínculos entre el Estado y el crimen organizado en Guerrero y haber desarticulado una red de pornografía y prostitución infantil. Después de haber estado presa injustamente dos años y siete meses, ahora ha accedido a ser candidata a senadora por la Coalición Juntos Haremos Historia. Antes de aceptar la candidatura, Nestora se comprometió con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) a servir a los pueblos desde el Senado, confrontando los megaproyectos y la criminalización de la justicia indígena. Ella representa una fuerza comunitaria que atenta contra muchos intereses, por lo que el candidato del PRI ha desatado una campaña de desprestigio contra ella que puede ser tipificada como violencia política de género y que ha ameritado que se demanden medidas cautelares para protegerla.
Valentina Rosendo Cantú, indígena me'phaa, que se ha convertido de víctima de violencia sexual en activista por los derechos de las mujeres indígenas. Agredida sexualmente el 16 de febrero de 2002, cuando tan sólo tenía 17 años, por dos militares, bajo la mirada cómplice de otros seis, ha luchado desde entonces por encontrar justicia, cruzando fronteras y logrando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara al Estado mexicano culpable de violencia institucional castrense
. Ocho años después de esta sentencia, y 16 después del agravio, la jueza Iliana Fabricia Contreras declaró el pasado primero de junio, a los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca, culpables de la tortura y la violación sexual de Valentina, condenándolos a 19 años y cinco meses de prisión. Esta sentencia, junto con la de la CoIDH, son argumentos contundentes sobre las consecuencias que podría tener la Ley de Seguridad Interior aprobada en noviembre pasado, si se militariza la seguridad pública.
Se trata de tres mujeres que han abierto brecha para otras mujeres. Sus denuncias son un llamado de atención a quienes desde la complicidad del silencio hemos visto como despojan a los pueblos indígenas de sus tierras mediante megaproyectos, en nombre del progreso; cómo militarizan sus comunidades y usan los cuerpos de las mujeres como campo de batalla en nombre de la guerra contra el narco; y cómo encarcelan a sus autoridades y criminalizan sus sistemas de justicia en nombre del derecho. Resulta impostergable hacer eco de sus luchas.
*Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
