na infundada percepción de cierta normalidad democrática pretende instalarse en el último tramo de la ruta hacia las urnas. Todo parece transcurrir conforme al ritual acordado: hay campañas, giras, proclamas, encuestas de opinión y una aparente calma procesal. La idea de que un arroz tabasqueño ya se coció hace ver a sus dos competidores aún en liza, el lánguido Meade y el disminuido Anaya, como meros buscadores desvalidos de una intrascendente medalla de plata, peleadores extraños que no abandonan la pelea aun cuando su derrota se anuncie como inevitable.

Pero las noticias constantes muestran una evolución de la violencia política como nunca antes, afectado casi todo el abanico de colores partidistas, con las ejecuciones y los amagos como métodos de postulación de los candidatos deseados y la exclusión de los indeseados. En Michoacán, la lista de crímenes políticos se actualiza cada día. En Oaxaca también se multiplican esos hechos de sangre (ayer, en una casa de campaña, hubo disparos de bala y otras formas de agresión contra simpatizantes de Nancy Benítez, la candidata de Morena a presidir el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán). En otras entidades asesinan, golpean o amenazan a algunos empleados del aparato electoral. Algunos candidatos prefieren la vida que las urnas y renuncian a sus aspiraciones electorales.

La presidenta del tribunal electoral federal, Janine Madeline Otálora Malassis, hizo ayer pronunciamientos severos, que en otras circunstancias deberían provocar una conmoción nacional: Es doloroso señalar que lamentablemente el signo que está marcando al actual proceso electoral es precisamente el de la violencia. Manos criminales están actuando de forma premeditada y deleznable, para decidir por la vía de la violencia quiénes deben o no deben estar en la boleta electoral. Añadió que democracia y estado de derecho son dos caras de la misma moneda, y en estas elecciones ambas están a prueba.

Carlos Vilalta Perdomo, doctor y maestro en estudios urbanos, criminólogo y geógrafo (@CJVilalta), en Twitter), documenta que de acuerdo con estudios en la materia, en 2018 el riesgo de fraude electoral es mayor incluso que en 2006, pues independientemente de la distancia entre los candidatos, se está viendo un enorme reporte de manipulación del voto. Visto estadísticamente, añadió, se ve que pasamos de una gravedad a una crisis, pues el derecho a ejercer libremente el voto en México se encuentra en estado crítico.

Asegura Vilalta que, sobre la magnitud de la crisis del voto en México este 2018: el problema es más grave, numéricamente, de lo que se piensa, y el problema sí puede afectar los resultados de la elección. En ese sentido: Las dos mayores amenazas contra la democracia son las prácticas partidistas y las prácticas del crimen organizado. En esa tesitura, 12.5 millones de votantes pueden ser sujetos de compra o coacción del voto. Representan 14 por ciento del listado nominal, y 41.1 millones de adultos/votantes pueden tener miedo del crimen organizado si van a votar. Representan 46 por ciento del listado nominal (las consideraciones de Vilalta, y las gráficas y referencias del caso, en https://goo.gl/dTPX5f).

En ese contexto, se multiplican las denuncias ciudadanas de operaciones partidistas, sobre todo del Partido Revolucionario Institucional y, en la capital, del Partido de la Revolución Democrática, en abierta compra del voto, entregando dinero en efectivo o gestionando obras, servicios y ayudas a cambio de la entrega de la credencial de elector. Violencia, miedo social y fraude electoral en una combinación nada silenciosa que, sin embargo, mantiene a las autoridades gubernamentales y electorales en un silencio y una inmovilidad que contravienen la percepción, señalada en el primer párrafo de esta columna, de que el proceso electoral fluye de manera más o menos aceptable. Nada de eso.

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero