Nueva York

Una niña de seis años repetía un número de teléfono que aprendió rogando a los agentes de migración que llamaran a su familia, un juez preguntado sobre cómo podrá comunicarse un menor con sus padres dijo que no tenía respuesta, oficiales no explican a madres detenidas cómo localizar a sus hijos arrebatados de sus brazos hace un día, una semana, un mes; algunos agentes de la Patrulla Fronteriza han dicho a padres que nunca más verían a sus hijos.

El presidente Donald Trump declaró este jueves que, junto con su orden de poner fin a las separaciones de niños de sus padres migrantes, había girado instrucciones para la reunificación de las familias separadas. Queremos ponerlas juntas, no deseamos te­ner a los hijos separados de sus padres, comentó en una reunión con su gabinete. Agregó que instruyó a varias dependencias federales que trabajen para “mantener juntas a las familias inmigrantes ilegales durante el proceso de inmigración y reunificar a estos grupos previamente separados”.

Pero esto podría ser difícil, ya que muchos padres no saben dónde están sus hijos, de quienes fueron separados al cruzar la frontera; algunos se encuentran en albergues ubicados a miles de kilómetros. De hecho, nadie tiene ni las cifras precisas de cuántos son; miles de los que fueron colocados con otros familiares o cuidadores no pueden ser ubicados por el gobierno (según un reportaje reciente de McLatchy, éstos podrían sumar 6 mil).

La agonía y angustia tanto de padres como de hijos al ser separados por la fuerza, y después para saber dónde está cada quien, y poder entrar en comunicación –con algunas madres diciendo que sus hijos son tan pequeños que aún no saben hablar–; tal sufrimiento, que pediatras y sicólogos advierten de daños irremediables para los menores y que ha llevado a algunos padres hasta el suicidio, ha girado sobre la pregunta ¿dónde están los niños?

Hasta que Donald Trump firmó una orden ejecutiva, el miércoles, supuestamente poniendo fin a la práctica universalmente condenada de separar a los niños de toda familia capturada al ingresar sin documentos a Estados Unidos por la frontera con México, por lo menos 2 mil 300 menores de edad fueron enviados en los últimos dos meses primero a centros de detención y después a una red de lo que han llamado albergues, pero privados de libertad. Los cálculos de niños separados desde el año pasado hasta la fecha son de más de 4 mil en total, pero aún no hay datos oficiales completos.

Según la llamada política de cero tolerancia anunciada en abril –pero aplicada desde meses antes–, todo migrante capturado al ingresar ilegalmente es acusado por el Departamento de Seguridad Interior de cometer un delito federal. Anteriormente, familias indocumentadas que solicitaban asilo eran liberadas y enfrentaban un proceso judicial civil. Sus hijos son separados e inmediatamente clasificados como menores de edad no acompañados, sumándose a más de 11 mil (la mayoría de los cuales ingresaron al país sin padres) que están bajo supervisión de la oficina de refugiados (ORR) de la Secretaria de Salud y Servicios Humanos.

Los menores son colocados en albergues –casi todos operados de manera privada bajo contrato con ORR–, donde pueden permanecer un promedio de 51 días. De ahí, el gobierno tiene la obligación de colocar a esos menores con guardas, en su gran mayoría padres y familiares que residen en el país. Los que no tienen familiares pueden permanecer mucho más tiempo en los albergues mientras se buscan guardas. En tanto, sus padres son procesados ante jueces de migración y potencialmente son deportados.

Los niños forzosamente separados –-incluso bebés de tres meses de edad– después de sus estancias en centros de la Patrulla Fronteriza, han sido colocados en albergues en por lo menos 12 estados, y tal vez hasta 20; nadie sabe exactamente. Todos son administrados por organizaciones privadas bajo contrato con el Departamento de Salud, en lo que se ha convertido en una in-dustria multimillonaria en auge.

El gobierno federal ha sido ­renuente a ofrecer detalles, y ni gobernadores o alcaldes son informados de estas operaciones, ni de quiénes están ingresando (el Washington Post está solicitando información del público para armar un mapa de instalaciones donde podrían estar los niños separados).

Algunos de los nuevos albergues se especializan en menores de 13 años, otros sólo alojan a cientos; otros a más de mil. El flujo de niños en las semanas recientes ha provocado que el sistema esté llegando a su máxima capacidad, y por lo tanto el gobierno está preparando abrir más instalaciones, incluso en bases militares.

Políticos, abogados y periodistas han logrado ingresar tanto a algunos de los centros de detención como a los albergues para menores de edad, donde han recogido testimonios e imágenes de niños muy pequeños gritando desconsolados por sus madres; de niños viviendo en jaulas y más ho­rrores que finalmente desataron una condena universal.

A la vez, se han revelado condiciones alarmantes. Este jueves, el gobernador de Virginia ordenó una investigación sobre quejas de abuso por adolescentes en un centro de detención de inmigrantes, donde afirman que fueron golpeados mientras estaban esposados y colocados en aislamiento, desnudos y temblando en celdas frías. Una investigación de la organización Reveal informó que el gobierno ha pagado más de mil millones 500 mil dólares durante cuatro años a empresas que administran albergues para niños inmigrantes que han sido acusado de prácticas graves, incluso en uno en Houston, donde algunos pequeños fueron inmovilizados e inyectados con poderosos fármacos antisicóticos. Southwest Key Programs, que ha firmado contratos multimillonarios con el gobierno para manejar más de 12 albergues, tiene más de 150 violaciones a las normas de salud.

Aun antes de la nueva orden, el gobierno no contaba con un método para reunir a padres e hijos, muchos de los cuales no saben dónde están unos y otros. Algunos han tardado meses para dar con sus pequeños, mientras eso se dificulta aún más para los adultos que han sido deportados sin sus hijos.

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