Puebla, Pue.

El proceso electoral de Puebla, que algunos aspirantes consideran el más violento en años recientes, ha estado marcado por denuncias de injerencia del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en favor del Partido Acción Nacional (PAN) y su candidata, Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa del ex mandatario; una campaña contra el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social), Miguel Barbosa Huerta, puntero en las encuestas, y el asesinato de políticos.

El PAN se juega su permanencia en el gobierno estatal, que encabeza desde 2011; la mayoría en el Congreso estatal, integrado por 26 diputados elegidos mediante voto directo y 15 de representación proporcional, y disputará 217 presidencias municipales.

Alonso pelea con Barbosa el primer lugar en las preferencias electorales. Una encuesta que auspició la Confederación Patronal de la República Mexicana dio la semana pasada a Barbosa una ventaja de 7.3 puntos sobre la panista, con un margen de error de 1.1 puntos porcentuales.

La jornada electoral, a la que están convocados 4 millones 500 mil 580 poblanos, definirá si el PAN encabeza una tercera administración, luego de relevar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2010, como parte de una coalición opositora.

La carrera política de Martha Érika Alonso se inició en el gobierno de su esposo y tuvo como plataforma el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el cual abandonó en 2015, en la recta final del sexenio morenovallista, para ocupar la secretaría general del Comité Directivo Estatal del PAN.

Debido a la impopularidad del gobierno de Rafael Moreno Valle (2011-2017), éste se ha ausentado de los actos públicos de Alonso, quien encabeza la alianza Por Puebla al Frente, que integran el PAN y los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Cuidadano (MC) y los institutos locales Pacto Social de Integración y Compromiso por Puebla.

La candidata no usa el apellido de su cónyuge –que usó cuando encabezó el DIF– e inició una batalla jurídica contra Miguel Barbosa para que éste no mencionara en público el vínculo matrimonial.

El recurso legal de Martha Érika Alonso tuvo el respaldo del Instituto Electoral del Estado, el cual emitió una medida cautelar al abanderado de Morena, la cual fue confirmada por el Tribunal Electoral del Estado, pero esta semana revocó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que concluyó que no constituye violencia política de género referirse a la panista como esposa de Moreno Valle.

Para la oposición al PAN, el ex mandatario es el verdadero coordinador de campaña de Alonso Hidalgo. Barbosa ha denunciado la injerencia del ex gobernador en el proceso, al igual que Enrique Dóger Guerrero, abanderado del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura, quien se ubica en tercer lugar con una intención de voto de entre 15 y 19 por ciento.

En febrero pasado, antes del arranque de las campañas, Barbosa y Dóger aseguraron en entrevistas por separado que Moreno Valle tuvo varias reuniones con los presidentes municipales de la entidad en su vivienda, ubicada en el club de golf Las Fuentes de la capital poblana, para obligarlos a respaldar a Martha Érika Alonso.

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, ha asegurado en sus visitas a Puebla que Moreno Valle pretende instaurar una ‘‘monarquía’’ y ‘‘heredar’’ la gubernatura a su esposa.

El 26 de mayo pasado, en el municipio de Huauchinango, el tabasqueño alertó que el ex mandatario maquina un ‘‘fraude’’ para imponer a Alonso, a quien acusó de emplear el erario estatal para promoverse, y solicitó la presencia de observadores internacionales.

López Obrador también ha descalificado la campaña que encabeza la ex diputada federal panista Violeta Lagunes Viveros, quien pide votar por el tabasqueño en la elección presidencial, pero se opone Miguel Barbosa, quien además ha sido descalificado en mensajes de radio presentados con formato de notas informativas, en anuncios espectaculares y en llamadas telefónicas que simulan ser encuestas.

La disputa se ha visto empañada por los asesinatos de políticos, la mayoría aspirantes de oposición, en medio de una crisis de inseguridad que se desató desde el mandato de Moreno Valle.

El estado ocupa el segundo lugar nacional en número de políticos asesinados, con 12, detrás de Guerrero, con 14, según la empresa Etellekt Consultores.

En la lista de políticos ejecutados se encuentran Juana Maldonado y Érika Cázares, ex candidata del Partido Verde Ecologista de México a diputada local por Huauchinango y ex regidora del municipio de Juan Galindo, respectivamente, asesinadas a balazos el 2 de junio pasado, cuando viajaban a Huauchinango tras un acto de campaña.

El presidente del Instituto Electoral del Estado, Jacinto Herrera Serrallonga, negó que haya zonas de riesgo en la entidad y calificó los homicidios de ‘‘sucesos fortuitos’’.