Managua

Un día después de la batalla por Masaya, esta icónica ciudad distante 26 kilómetros de la capital ofrecía ayer un aspecto fantasmal. Los pobladores siguen en sus casas por temor a los antimotines y los paramilitares que controlan parte de la ciudad. Todos los comercios están cerrados y la gente hace milagros para allegarse alimentos y bebidas.

La presencia de los paramilitares comienza a mitad de camino: con los rostros cubiertos y armados con AK-47 y escopetas de cañón recortado vigilan la ruta a Masaya, donde a la entrada de la principal y única vía, liberada la víspera, se ubica un nutrido grupo de encapuchados que se dedican a escudriñar el interior de los vehículos.

Los antimotines se ubican en los costados de la avenida principal: uniforme negro, caras tapadas y armas en ristre parapetados en pequeñas barricadas. La ciudad sigue levantada pero daba la impresión que, después de la matazón de este martes, se hace necesario reponer fuerzas y repensar estrategias.

Pero los reportes que llegan del interior dan cuenta de situaciones límite en importantes ciudades del país, como León, Matagalpa y Estelí, ciudad ésta que anoche fue atacada como Masaya con el resultado de un civil muerto.

En Managua, en tanto, a primera hora de la tarde se oficializó la invitación del gobierno de Daniel Ortega a los organismos pro derechos humanos de la ONU, la OEA y la Unión Europea para que visiten el país la próxima semana. En su táctica de ganar tiempo, el gobernante recibió también al embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, con quien supuestamente negociará el calendario político que debería culminar con el adelantamiento de elecciones para marzo del año próximo.

Congelado desde el lunes, el Diálogo Nacional será relanzado, pero tal vez con Daniel Ortega en una posición de fuerza que no tenía hace una semana. Él ya invitó a esas comisiones internacionales pero es obvio que lo hizo a cambio de algo. Por ejemplo, la exigencia de levantar los tranques carreteros que cortan las principales vías terrestres del país por donde se moviliza la inmensa mayoría de las mercancías. La contraparte exigirá, entre otras cosas, el desarme y la retirada de los paramilitares.

Argumentará la delegación gubernamental que, además del serio quebranto de la economía, las barricadas impiden el libre tránsito de personas y, por tanto, se trata de una clara violación a los derechos humanos. No sería extraño que, en el contexto del diálogo, tanto la Iglesia como los empresarios presionen a las organizaciones estudiantiles y campesinas con quienes integran la Alianza Cívica para que procedan en esa dirección.

Con todo, hasta ahora la jerarquía católica mantiene un duro lenguaje hacia Daniel Ortega: El diálogo no se reanudará como estaba previsto, pues el gobierno tiene que demostrar voluntad política. Esto no es un juego, esto es serio para el futuro de Nicaragua. Aquí no se pueden seguir asesinando más personas, declaró ayer monseñor Silvio Báez, obispo Auxiliar de Managua.

Falta ver si estudiantes y campesinos ceden ante los empresarios, porque si levantan los tranques perderían su posición de fuerza a cambio de puras promesas. Además, esa medida podría desacelerar la protesta nacional y, eventualmente, provocar la desmovilización.

El calendario inmediato tiene marcado en rojo el próximo viernes, día en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rendirá su informe final sobre Nicaragua.

Los más optimistas en la Alianza Cívica confían en que una condena sin paliativos contra el gobierno de Ortega acelere la salida del gobernante y de su familia, y los más realistas creen que hay que apretar pero no ahogar. Al fin y al cabo el binomio Ortega-Murillo sigue ejerciendo un control absoluto sobre las fuerzas armadas.

Además, el gobierno maneja otro mecanismo de disuasión con los empresarios, caso concreto del sector agropecuario. Se suceden por todo el país la toma de tierras por personas claramente identificadas con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega y Murillo, de nadie más. Las denuncias se suceden día tras día pero las autoridades no actúan so pretexto de la emergencia nacional que les obliga a atender asuntos más importantes.

La economía va en picada y así lo informó ayer el Banco Central de Nicaragua con un dato revelador: en abril la actividad se redujo 26 por ciento. El levantamiento popular comenzó el 19 de ese mes. Los expertos auguran que si no se restablece el tránsito carretero la economía pronto entrará en estado de coma.