Los decretos presidenciales que liberan la explotación de cuencas generaron el rechazo de diputados y senadores, quienes señalaron que las medidas responden a la exigencia de trasnacionales que en los diálogos con la Comisión de Agua Potable de la Cámara de Diputados siempre exigieron certeza jurídica en el uso del líquido para los contratos de extracción de hidrocarburos.

En tanto, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México aseguraron que en el país no hay escasez de agua, sino un inadecuado manejo integral de ese recurso. María del Carmen Carmona Lara, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), indicó que con los 10 decretos presidenciales sobre el tema se levantó la veda de aguas superficiales en 295 cuencas del país, cuyo objetivo es el manejo de una nueva visión para la restauración y preservación del equilibrio ecológico.

Joel Carrillo Rivera, investigador del Instituto de Geografía, señaló que en los decretos todo se enmarca de acuerdo con el caudal ecológico, que está dirigido sólo al cauce del río, no a entender qué pasa en toda la cuenca que aporta agua al río; es decir, se refiere sólo al agua superficial y no considera la subterránea, ni de dónde proviene o hacia dónde va.

En el Senado, el PRI, por conducto de Ana Lilia Herrera, sostuvo que es un falso rumor la privatización, mientas el PT-Morena advirtió que se trata del último robo del sexenio, que debe frenarse.

El senador petista Luis Humberto Fernández resaltó que su bancada presentará un amparo en contra del decreto presidencial del pasado 7 de junio, que a juicio de especialistas permite a particulares el uso de las cuencas para aprovechar 55 por ciento de los recursos acuíferos del país.

Reveló que este miércoles llevará el tema a la sesión de la Comisión Permanente, porque se trata de un intento de madruguete del Ejecutivo federal para entregar el recurso natural a particulares vía decretos, ya que no logró que pasara la ley que tenía ese propósito.

El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, adelantó que pedirá a ese órgano del Congreso que se exija a la Presidencia un informe puntual de los 10 decretos sobre las reservas de agua, ya que no está conforme con la explicaciones que el gobierno federal ha dado a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los diputados de Morena, Movimiento Ciudadano y PRD calificaron la medida como un albazo, a partir de un exceso en el ejercicio de las facultades del Presidente, y recordaron que el recorte de este año a los sistemas de agua municipales fue de 63 por ciento, para empujar a la privatización.

Ángel de la Piedra, de Morena, integrante de la Comisión de Agua Potable en San Lázaro, negó la versión de la Conagua respecto de que la medida se consultó. Eso es falso. En la cámara logramos detener la ley general de agua, pero la solución que encontró Enrique Peña Nieto es un decretazo y, con la misma fórmula de otros sectores, se forzó una privatización del agua, señaló.

El diputado Arturo Santana Alfaro, del PRD, también integrante de la Comisión de Agua Potable, expuso que debe revisarse el acuerdo “porque puede ser otro madruguete del Ejecutivo…, efectivamente, encaminado a privatizar el agua”.

La organización Fondo Mundial para la Naturaleza aseguró que las reservas de agua no representan de ninguna manera la privatización del recurso ni la extinción de ningún derecho al uso del agua vigente.