Maestros presentan denuncia
El mundo debe saber lo que ocurrió, señala Miguel Concha en una misa; demanda a la CNDH imparcialidad
Miércoles 20 de junio de 2018, p. 28
Oaxaca, Oax.
Dos años han pasado desde aquel 19 de junio en que el gobierno estatal, encabezado entonces por Gabino Cué Monteagudo, solicitó apoyo a la Policía Federal (PF) y la Gendarmería para desalojar un bloqueo encabezado por maestros en la supercarretera Oaxaca-México, en Asunción Nochixtlán.
La operación terminó con un saldo de ocho civiles muertos y más de 150 heridos; sin embargo, no ha habido justicia para las víctimas, recriminó Eloy López Hernández, secretario general de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Miles de profesores, activistas de organizaciones sociales, pobladores mixtecos y familiares de los muertos y heridos durante el fallido desalojo marcharon ayer para reclamar que se castigue a los responsables.
La marcha partió del paraje conocido como Campo de los Azulejos hacia el Monumento a los Caídos, a un costado del panteón de la localidad, donde fueron heridas varias personas aquel Día del Padre. Ahí se rindió tributo a los ocho muertos y el sacerdote Miguel Concha, colaborador de esta casa editorial y defensor de los derechos humanos con una trayectoria de más de 40 años, ofició una misa y demandó al Estado mexicano decir la verdad sobre este ataque de federales y estatales contra los manifestantes.
‘‘El mundo debe saber lo que ocurrió en Nochixtlán’’, porque dos años después del intento de desalojo ‘‘las autoridades continúan ocultando la verdad’’, afirmó Concha y demandó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar de manera imparcial y señalar a las autoridades responsables de la represión.
Posteriormente, los profesores continuaron su marcha hacia el zócalo de Nochixtlán, donde realizaron un mitin. Allí, el profesor Santiago Ambrosio, dirigente del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), acusó al Estado mexicano de intentar amedrentar a sus integrantes, pero advirtió que no están solos y mantendrán su lucha hasta que se castigue a los culpables de los homicidios.
La Covic, informó, presentó el 18 de junio una demanda civil para exigir que se lleve ante la justicia a quienes ordenaron el desalojo. Asimismo, responsabilizó directamente al ex gobernador Gabino Cué y lamentó la falta de interés de las autoridades actuales para que se dé a conocer la verdad.
En tanto, López Hernández, dirigente de la sección 22, reiteró que también se cumple un año más de que ‘‘la policía, con todo y sus armas, no pudo con el pueblo mixteco’’.
Señaló como autores intelectuales del ataque a los manifestantes a Aurelio Nuño –entonces titular de la Secretaría de Educación Pública y actual coordinador de la campaña presidencial de la coalición Todos por México, que postuló a José Antonio Meade–, junto con Cué Monteagudo y el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El dirigente recordó que la ‘‘masacre’’ fue la respuesta gubernamental a la lucha emprendida en 2016 contra de la reforma educativa. Insistió en que no habrá marcha atrás y la CNTE se mantendrá firme hasta que esas modificaciones sean derogadas.
La mañana del 19 de junio de 2016, policías estatales y federales, apoyados por la Gendarmería, arribaron a Asunción Nochixtlán con la orden de desalojar a los profesores y pobladores que se encontraban apostados en la supercarretera Oaxaca-México, lo que desató un enfrentamiento.
Habitantes de poblados cercanos acudieron en apoyo de los mentores. La trifulca duró alrededor de 10 horas, tiempo en el cual los gendarmes y policías federales y estatales dispararon contra los manifestantes con el argumento de que ellos habían abierto fuego primero, lo que, dos años después, no se ha podido comprobar.
Lo que sí se corroboró de inmediato fue que los ocho civiles muertos recibieron disparos de fusiles de asalto. Los pobladores usaron piedras, cohetones y bombas molotov, mientras los uniformados hacían uso de armas de fuego, gases lacrimógenos, escudos, toletes y piedras.
Tras varias horas de pelea, los uniformados recibieron la orden de regresar a la ciudad de Oaxaca, en cuya entrada poniente tuvieron otro enfrentamiento con maestros y colonos. Allí pereció la octava víctima.
