Efectivos y policías de diversas dependencias federales y de las entidades incurren en verificaciones ilegales y detenciones arbitrarias de manera constante contra migrantes que transitan o se establecen en México, además de ser omisas y realizar malas investigaciones en los casos de secuestro.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado –en recomendaciones e informes especiales– violaciones a las garantías de indocumentados, como los derechos a la igualdad y no discriminación, al libre tránsito, acceso a la justicia, a la vida y a la libertad, entre otros.

Hace unos días se presentó el documento Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de la CNDH 2001-2017 sobre personas migrantes, que elaboró en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México en el que informa que más de la mitad de sus señalamientos son ignorados por las autoridades.

El reporte analiza el cumplimiento de las propuestas y exhortos en tres informes especiales (dos de ellos sobre secuestro en 2009 y 2011) y una recomendación general de 2006, en cuanto a la práctica de verificaciones migratorias ilegales y detenciones arbitrarias.

Sobre este último, la CNDH acreditó que las violaciones las realizan efectivos de instituciones federales, estatales y municipales. Las dependencias a las que se dirigió el exhorto fueron las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Gobernación; también a la Procuraduría General de la República, al Instituto Nacional de Migración, a los gobiernos estatales y al de Ciudad de México.

Los derechos que se vulneraron son: a la igualdad y no discriminación, al libre tránsito, a la legalidad, al acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y al debido proceso y a no ser detenido de manera arbitraria.

No acata ni la mitad

En el ámbito federal, las autoridades dieron respuesta satisfactoria a 40 por ciento de los señalamientos cuando se les preguntó si habían realizado alguna acción referente a la práctica de verificaciones migratorias irregulares; 20 por ciento presentó respuestas incompletas, un porcentaje similar se negó a acatarlos y 20 por ciento no contestó.

En los estados, se dio respuesta satisfactoria a 21 por ciento de las recomendaciones de la CNDH; 15 por ciento fue acatada de manera incompleta, 23 por ciento la rechazó sin argumentos suficientes y 42 por ciento no emitió respuesta.

En el informe sobre secuestros en 2011, la CNDH detalla zonas de riesgo, propone medidas para garantizar reparación del daño, atención de víctimas y fortalecer la prevención.