Encargado de combatir la vertiente penal de las irregularidades durante los comicios, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade), Héctor Díaz-Santana Castaños, sostiene que a pesar de ser uno de los sistemas más regulados del mundo, los procesos electorales en México mantienen una creciente judicialización ante la ascendente competencia política y las sospechas mutuas.

En entrevista con La Jornada, el responsable de combatir lo que se considera uno de flancos débiles del sistema electoral: la compra y coacción del voto, señala que a pesar de que con frecuencia quien denuncia no logra aportar muchos elementos de prueba, las autoridades investigan, y en este año ya se han obtenido 17 sentencias condenatorias.

Díaz-Santana alude a uno de los más grandes escándalos en estos comicios: la falsificación de firmas para las candidaturas independientes. Advierte que no habrá carpetazo, pero lamenta el desenlace judicial en las investigaciones ya concluidas de aspirantes a diputados, donde se pudo indagar relativamente rápido, dimos con los responsables, los judicializamos y admitieron su culpa, pero el juez les concedió la suspensión condicional de la pena y les puso multas de entre 900 y mil 800 pesos. Inconformes, el Instituto Nacional Electoral (INE) y nosotros apelamos de la sentencia.

Precisa que la Fepade está por concluir los casos de aspirantes al Senado y agiliza las indagatorias en lo relacionado con quienes buscan llegar a la Presidencia de la República por la vía independiente. Cuestionado sobre una operación irregular que involucre a grupos organizados, opta por el sigilo, pues están en marchas la investigaciones, como también las relacionadas con la reciente denuncia presentada por el INE sobre la presunta triangulación irregular de recursos de empresarios y la desviación de fondos públicos.

Autor de diversos estudios y artículos en materia electoral antes de ser titular de la Fepade, entre ellos El ejercicio de las instituciones electorales en la manipulación del voto, publicado en la revista Perfiles Latinoamericanos, editada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en junio de 2002, afirma: en México se ha desarrollado un sistema electoral muy potente, único en el mundo, que realmente garantiza un proceso de democracia representativa, donde todos los ciudadanos tienen la oportunidad de votar, donde se organizan de manera muy eficiente los comicios, donde se realiza también un conteo bastante rápido, y no solamente eso, sino que es el más regulado en el mundo.

Sin embargo, refiere que México es un país donde, a diferencia de otras naciones, los asuntos que llegan a las autoridades electorales, sobre todo los tribunales, son mucho mayores que en otras latitudes.

Mayor reglamentación

Agrega que se tiene que seguir “trabajando en la reglas subjetivas de la competencia política, porque se siguen judicializando demasiado los asuntos y en esta fiscalía en lugar de ir año con año bajando el número de denuncias, están aumentando.

–¿Cómo atender el sospechosismo, dado que somos una sociedad regularmente incrédula?

–Hay veces que se han hecho encuestas donde a la gente se le pregunta si durante el proceso electoral consideró que existió alguna irregularidad: uno de cada tres dice que sí, pero cuando se les pregunta si ellos lo vieron, prácticamente los que afirman son menos de 4 por ciento.

–Se habla mucho de fraude electoral en México y una de las formas tiene que ver con la compra y coacción del voto.

–Algunos autores dicen que la compra del voto es clientelismo, y hay una autora alemana que dice que muchas veces este tipo de fenómenos son como fantasmas: todo el mundo dice que los ve, pero realmente determinar su incidencia es muy complejo.

“No existen estudios de opinión precisos que puedan decir la magnitud de la compra y coacción del voto en México.

De que existe, yo te podría decir que en esta fiscalía se siguen recibiendo denuncias y llevamos casi cien durante este proceso electoral.

–Esta compra y coacción del voto supone el involucramiento de todos los niveles de gobierno, y se da a cambio de promesas de entrega de tinacos, láminas, pavimentación... y muchas veces no se han sancionado, o por decir lo menos parecen dejarse pasar. ¿Cómo trabaja la Fepade para acotar esto?

–Lo que hacemos es recibir todas las denuncias que el ciudadano nos puede presentar. Hemos trabajado en una campaña de difusión. ¿Por qué? Porque es fundamental para hacer una investigación efectiva que el ciudadano a la hora de la denuncia también nos acompañe con elementos objetivos que nos puedan ayudar a hacer la indagatoria”.

Ejemplifica lo que ocurre con algunas denuncias:

“Lo explico de otra manera, hay veces que nos hablan por teléfono y nos dicen: ‘En esta colonia están regalando tinacos’. Preguntamos que cuándo fue y nos responden que hace tres o cuatro días, hace una semana.

“Nosotros insistimos: ¿nos puede dar las características de las personas? Y nos responden: ‘Es que no las vi bien’. ¿Traían algún vehículo, o algún tipo de camión? ‘No, no le sé decir’. Bueno, ¿en qué lugar fue? ‘Tampoco sé’”.

Díaz-Santana señala: entonces es complicado si no te dan las circunstancias de lugar, tiempo y forma.

Resalta: se siguen haciendo llamadas telefónicas reportando esta clase de hechos, y hemos trabajado muchísimo en enviar un mensaje diciendo que para que exista o no, mucho va a depender del ciudadano, y hay una cosa que sí me gustaría transmitir: que una persona se entere por quién votaste realmente no es posible. Cuando el ciudadano llega a la mampara es un acto personalísimo, puede ejercer su derecho a sufragar en total libertad y no hay forma de que se sepa por quién lo hizo.

Díaz-Santana afirma que en las investigaciones de alto impacto, como la falsificación de firmas, los desvíos de recursos públicos relacionados con Odebrecht, Veracruz y Chihuahua, o el presunto financiamiento ilícito a la campaña de Jaime Rodríguez, El Bronco, no habrá carpetazo.

Lea la entrevista completa en La Jornada Online.