Centro de descalificaciones y guerra sucia en las campañas entre coaliciones y candidatos, la corrupción es consustancial a todos los gobiernos, sin importar el signo político al que pertenezcan. Durante la década reciente, al margen de la relevancia de las partidas presupuestales, los ejecutivos estatales arrastran un rezago de 185 mil 237 millones de pesos, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha observado de malversación de recursos, rubros no aclarados o franca corrupción que se ha remitido a la instancia penal.

Al amparo de los programas federalizados que suponen miles de millones de pesos canalizados hacia las entidades para enfrentar rezagos sociales –combatir la pobreza, apuntalar la infraestructura de salud y educativa o para contener la creciente violencia mediante partidas destinadas a fortalecer a las corporaciones policiacas–, los gobiernos estatales incurren en fórmulas para manipular los recursos.

Ante la creciente preocupación social, la corrupción ha comenzado a pasar factura electoralmente. Entre 2015 y 2017, el PRI perdió 10 gubernaturas que mantenía en su poder, como saldo de un castigo electoral, el periodo de mayor retroceso registrado por el tricolor en el pasado reciente.

En paralelo, la revisión de las cuentas públicas de las administraciones priístas entre 2007 y 2016 han acumulado irregularidades en sus gobiernos que, en los términos de la revisión de la ASF, arrojan un saldo total de 114 mil 929 millones de pesos.

Aunque Acción Nacional ha conquistado espacios electorales en los comicios recientes, beneficiado del creciente rechazo a la corrupción –ha derrotado al PRI en los tres estados donde los malos manejos del tricolor han sido más emblemáticos: Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua–, los montos de irregularidades detectadas que, a pesar de los años transcurridos en muchos casos, no han sido aclaradas, asciende ya a 23 mil 390 millones de pesos.

Sus gestiones no han estado exentas de escándalos –acaso opacados por las dimensiones alcanzados por los priístas Javier Duarte, en Veracruz; Roberto Borge, en Quintana Roo, o César Duarte, en Chihuahua–, pero han tenido repercusiones penales y consecuencias electorales.

Los casos más relevantes que registran los panistas son los de Guillermo Padrés, en Sonora –que derivó en un revés en las urnas– o el de Armando Reynoso, en Aguascalientes, que también devino en una caída panista.

Los gobiernos emanados del PRD también han enfrentado casos de corrupción y sus cuentas pendientes ante la ASF también involucran miles de millones de pesos desde 2007 a la fecha, con 19 mil 645 millones.

Y aunque uno de los casos bajo sospecha más sonados –la línea 12 del Metro en Ciudad de México– no fue más allá, pues se conoció posteriormente a la elección y bajo el periodo de otro gobierno perredista, también han registrado derrotas en las que la presunta malversación de recursos ha sido un factor, como ocurrió en Chiapas.

La generalización de las irregularidades también se ha diversificado en el actual gobierno de Chiapas, bajo gestión del PVEM, con un saldo de 4 mil 888 millones de pesos entre 2012 y 2016 –último año en que ya se ha revisado la cuenta pública–; o el caso de Gabino Cué, en Oaxaca, que aun cuando fue impulsado por una coalición amplia, se le asociaba principalmente a Movimiento Ciudadano y que reporta un saldo de 9 mil 932 millones de pesos.

Un caso similar es el de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, quien llegó de forma independiente al gobierno de Nuevo León, y que en la revisión de su primer año al frente del Ejecutivo estatal registró 7 mil 755 millones de pesos de operaciones irregulares en las partidas federalizadas.

Entre los aspectos más sensibles donde han tenido lugar los malos manejos de los recursos públicos está el de la seguridad. A pesar de los altos niveles de violencia en diversos estados, es recurrente la práctica del subejercicio o el desvío de recursos que, en teoría, estaban dirigidos a este rubro.

Un ejemplo de ello es la falta de sistemas contables en algunos estados para el registro de los ingresos y egresos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, o la insuficiencia de las acciones gubernamentales para hacer autoevaluaciones y mejoras en este ámbito.

Otro aspecto del gasto público en donde también ocurren desvíos frecuentes de dinero es el de la salud. Así lo demuestran estudios de la ASF, donde se establece que en diversas entidades no se ha capacitado al personal sanitario en diversos aspectos fundamentales para su labor, las autoridades no siguen un plan estratégico para conseguir objetivos concretos o no existen insumos médicos elementales.

En lo que se refiere a educación, diversas auditorías han documentado que los recursos de las partidas federales no se dedican a mejorar la infraestructura de las escuelas o a fortalecer las condiciones de trabajo de los profesores, sino a financiar la nómina y otros aspectos del gasto corriente, o son enviados a empresas fantasmas por conducto de universidades, en el contexto de operaciones fraudulentas.  

Las recientes reformas en materia de fiscalización han ampliado el margen de verificación del gasto en los estados, que a partir de la cuenta pública 2016 abarcan las participaciones federales y en donde se ha detectado también malversación de recursos en diversas materias.

En su primer año de fiscalización de este rubro, la ASF detectó que en algunas entidades hubo irregularidades por arriba de 30 por ciento. Ampliar las facultades a este ámbito pretende acotar la discrecionalidad con que los gobiernos estatales ejercen las partidas federales.