a desesperada guerra sucia en contra de destacadas figuras de Morena como Layda Sansores, Claudia Sheinbaum y Javier Jiménez Espriú demuestra que el régimen corrupto se ha quedado sin municiones. Todos los misiles contra Andrés Manuel López Obrador han fallado al blanco. Así que el sistema ahora se dedica a fabricar supuestas corruptelas o irregularidades de sus colaboradores más cercanos.
Como todos los legisladores de Morena, Sansores dona la mitad de su salario al programa de escuelas universitarias que ofrece educación universitaria gratuita a miles de jóvenes. Sansores es, sin duda, también la senadora más valiente y sensible a las causas sociales. Como secretaria de la Comisión de Derechos Humanos nunca descansa en su defensa de los presos políticos, los periodistas, los migrantes y las víctimas de la represión estatal.
Destaca de manera particular el decidido apoyo de Sansores a la causa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a los maestros democráticos, a las víctimas de la masacre de Nochixtlán y a la lucha en contra de la Ley de Seguridad Interior. También ha encarado de manera personal y directa al mismo Peña Nieto por sus corruptelas y su complicidad con crímenes de lesa humanidad.
Los senadores reciben su remuneración por dos vías: servicios personales
que incluye su dieta
mensual y servicios generales
para cubrir sus gastos. Para el segundo rubro, los senadores del PRIANRD suelen contratar aviadores, celebrar fiestas extravagantes y desviar recursos hacia sus amigos y familiares. No es difícil imaginar en lo que gastarían en este rubro senadores cercanos al poder, como Ernesto Cordero, Emilio Gamboa, Javier Lozano o Armando Ríos Piter.
En contraste, legisladores como Sansores prefieren donar su dinero a nobles causas sociales. El hecho de que también haya utilizado una pequeña parte de sus recursos para adquirir artículos de belleza personal no es un acto de corrupción ni viola normativa alguna. La Cámara de Senadores aceptó sin mayor problema todas sus facturas y no ha iniciado investigación alguna precisamente porque los legisladores están en total libertad para gastar este recurso como dispongan.
Gran parte del salario de Denise Maerker también proviene de recursos públicos, canalizados a Televisa por medio de millonarios contratos de comunicación social
. Así como Maerker está en su derecho de adquirir la ropa y el maquillaje necesarios para lucirse en sus programas televisivos, Sansores también puede realizar gastos similares.
El ataque a Sansores no es, entonces, más que un vil linchamiento mediático contra uno de los opositores más férreos al sistema autoritario, apenas 15 días antes de la elección más grande de la historia de México.
Desde luego es necesario reducir, controlar y transparentar el enorme derroche de recursos en el Congreso. Pero la personalización y la politización de esta noble causa no ayuda sino perjudica la búsqueda de soluciones, ya que genera una cortina de humo que no permite ver el trasfondo del problema.
De igual manera, los cobardes señalamientos de que Sheinbaum supuestamente sería responsable por el colapso del Colegio Rébsamen por el sismo del 19 de septiembre sólo buscan distraer la atención de la muy real implicación de funcionarios del PRD, tanto a escala delegacional como en el gobierno central.
La escuela se colapsó porque se había realizado la construcción ilegal de un piso adicional en 2010. Después, en 2014, se emitió de manera irregular una Constancia de Seguridad Estructural, con vigencia de cinco años, que avalaba la supuesta solidez del edificio. Al parecer, los dos jefes delegacionales anteriores a Sheinbaum, ambos provenientes del PRD, habían llegado a un arreglo
con la directora de la escuela, Mónica García Villegas, para permitir esa irregularidad.
Sheinbaum no tenía forma de conocer la existencia de estos arreglos de sus predecesores. De acuerdo con los documentos en su poder cuando tomó posesión en octubre de 2015, el colegio cumplía cabalmente con la normativa.
Apenas alertada sobre el problema, Sheinbaum actuó velozmente para presentar con gran valentía una denuncia penal contra los verdaderos presuntos responsables de la muerte de los 26 niños: Alejandro Zepeda Rodríguez, director general jurídico y de gobierno de Tlalpan en 2010; Miguel Guerrero López, quien ocupó ese cargo en 2014, y la misma García Villegas.
La fabricación de la supuesta responsabilidad de Sheinbaum en el Rébsamen es similar al caso del desafuero de López Obrador en 2014, por su supuesto desacato a una orden judicial en la construcción de una carretera hacia el Hospital ABC. Ninguno de los dos casos tienen pies ni cabeza.
La buena noticia es que si todos hacemos nuestra parte, en 15 días estaremos festejando una enorme victoria histórica para la justicia y la democracia.
Twitter: @JohnMAckerman
