esde que iniciaron las campañas electorales no ha habido un momento de tregua para la educación pública, los docentes y los alumnos. Por el contrario, el gobierno federal está dando pasos, apresurados pero firmes, para alcanzar sus objetivos privatizadores y antilaborales. Está sentando las bases para consolidar el nuevo modelo educativo antes de terminar el sexenio. Están preparando las condiciones para dejar márgenes muy estrechos ante cualquier intento de cambio de rumbo en el siguiente gobierno.
En pleno periodo electoral continúan con la insaculación para designar a los docentes que habrán de ser sacrificados en la evaluación de la permanencia. Quieren mantener viva la reforma educativa y satisfacer sus deseos de tortura sicológica y laboral, de los que también son fanáticos los organismos empresariales que han desatado una campaña de denostaciones contra las movilizaciones de la disidencia magisterial.
Se anunció la desaparición de la licenciatura en educación especial. Así lo denunciaron públicamente académicos de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Será sustituida por educación inclusiva, aniquilando el derecho de los niños y jóvenes a recibir una educación con los especialistas, y en las condiciones materiales propicias para atender las necesidades específicas de quienes requieren atención especial. Se trata de un acto de discriminación que pretende encajonar las desigualdades cognitivas en la estandarización de una sola escuela y una sola medición para las diferencias. Estos son los objetivos primordiales, lo demás es discurso para atrapar a los incautos de la moda que ayer vestían de competencias y hoy adornan con la educación inclusiva.
Esta medida es parte de la Estrategia de Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales, con la cual se armonizaría a bote pronto la formación inicial de los docentes con el nuevo modelo. La propuesta está plasmada en unos cuantos documentos inconclusos que han variado acorde a los reclamos y críticas de la comunidad normalista. La estrategia, que entraría en vigor en agosto de este año, fue resultado de la verticalidad acostumbrada por el gobierno y la consulta selectiva de aquellas escuelas más alineadas a la visión tecnocrática de la educación. El bloque de normales que se declara por el aplazamiento de la reforma en ese nivel educativo, incluso por su no aplicación en el siguiente ciclo escolar, crece a la par que se amplía la incertidumbre sobre la pertinencia y la viabilidad de un plan sin los elementos básicos para contemplarlo con seriedad.
Apenas hace unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para el ajuste de horas que implica las modificaciones realizadas al plan de estudios a partir del nuevo modelo educativo. Con la reforma curricular anterior ya se había hecho una reducción a la cantidad de talleres para la formación tecnológica, pero en el ajuste publicado ya no aparecen las tecnologías que se imparten en educación secundaria. Se dejó en el limbo a los docentes que enseñan en los múltiples talleres de educación para el trabajo, y a los jóvenes sin posibilidades de aprender el oficio de electricista, carpintero, soldador o costurera, que si bien contribuyen a su desarrollo personal, ya no generan habilidades de alta rentabilidad económica para las empresas que tienen como base las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
El mismo día, en el DOF se publicaron los lineamientos para el desarrollo y ejercicio de la autonomía curricular, la cual se expresa mediante la creación de clubes de formación diseñados desde la Secretaría de Educación Pública, por la propia escuela o estableciendo alianzas con el sector privado. Se abre así la puerta a la privatización y mercantilización del currículo. Los negociantes de la economía del conocimiento ya tienen un abanico de materiales y propuestas a la venta. Otros podrán echar a andar sus fundaciones educativas
para la formación de la mano de obra específica de su ámbito productivo o la promoción de valores consumistas que más se acoplen a su negocio. Con los clubes se genera una mayor carga laboral a los docentes y se abre un canal para la subcontratación de personal, lo cual ya sucede en algunos programas, como en escuelas de tiempo completo.
La tecnocracia reformista no espera conocer los resultados del primero de julio para saber si continúa o no avanzando con la reforma educativa. Intenta imponerla hasta el último día de su gobierno. ¿Por qué habrían de darles tregua los maestros de la disidencia magisterial y los académicos en defensa del normalismo? Aunque ellos son los responsables del desastre educativo, pretenden irse impunes. Yo no sospecho del trasfondo político de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sino de los de aquellos que convocan a la inmovilidad y esperan pasivos a delegar en las urnas su responsabilidad histórica.
* Doctor en pedagogía
