Managua

El gobierno de Nicaragua y la oposición acordaron ayer apremiar la presencia en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y una misión de la Unión Europea (UE), al concluir una sesión de diálogo nacional.

Así lo indica un comunicado leído por el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), la cual sirvió de mediadora y testigo de un maratónico encuentro, en el que se aprobaron también otros acuerdos para ayudar a resolver la crisis que vive el país.

El gobierno y la Alianza Cívica (integrada por estudiantes, empresarios y miembros de la sociedad civil) convinieron además que se instale oficialmente el funcionamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que será designado por la CIDH.

Además de la invitación inmediata del gobierno al Alto Comisionado de la ONU y a la UE, las partes también acordaron que se hace importante la presencia inmediata de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), informa el comunicado.

Asimismo, convinieron hacer “un plan para la remoción de los tranques (retenes en carreteras), que mantienen los manifestantes desde hace más de un mes, lo cual será vigilado por una comisión de verificación y seguridad que se formará este sábado con los representantes en el diálogo nacional.

Las partes acordaron hacer un llamado al cese de todo tipo de violencia y amenaza venga de donde venga.

Las conversaciones continuarán hoy, cuando se abordará el tema del proceso de democratización, que incluye las demandas de la oposición para adelantar las elecciones de 2021 y retirar del gobierno al presidente Daniel Ortega.

El diálogo, que se reanudó este viernes tras ser suspendido hace un mes, tuvo una duración de más de 10 horas, seis de las cuales fueron conversaciones privadas y sin transmisiones en vivo por televisión.

En tanto, varias ciudades, incluyendo la capital, se encontraban bajo asedio de paramilitares, que junto con la policía realizaban detenciones ilegales.

Los paramilitares –encapuchados y fuertemente armados– circulaban en camionetas sin matrículas por diversos barrios de Managua, donde además de las detenciones ilegales se reportaron tiroteos.

Las denuncias sobre la presencia intimidatoria de parapolicías también llegaban de las ciudades de Nindirí, Masatape y Masaya (sur), así como de Nagarote y León (noroeste). En esta última urbe la oposición anunció una huelga indefinida, debido a la presencia de grupos armados en las calles.

La no gubernamental Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (Anpdh) sumó ayer al recuento fatal otros 31 decesos, elevando la cifra a 200 desde que comenzaron las protestas, el 18 de abril, con una manifestación estudiantil contra una reforma al seguro social. El gobierno sólo reconoce 46 fallecidos.

Álvaro Leiva, director de la Anpdh, indicó que sus integrantes están cubriendo emergencias tras emergencias en varias ciudades del país, donde se vivían horas de represalia y dolor.

Leiva dijo que se encontraba en Nindirí y que le era imposible realizar su labor, porque la urbe se encontraba llena de civiles encapuchados y policías que, en conjunto, dominaban las calles de esa ciudad vecina a Masaya.

Durante la jornada de huelga nacional, que el jueves paralizó el país, la acción policial y paramilitar contra manifestantes desarmados cobró muchas víctimas en Nagarote, Nindirí y Masatepe.

Cinco decesos ocurrieron en Bilwi (noreste), capital de Caribe Norte, donde el comercio cerró sus puertas y las barricadas se levantaban en muchos barrios. Citando a una fuente opositora, el rotativo El Nuevo Diario informó que una joven de 15 años estaba entre los fallecidos y que se contaban 20 heridos, muchos de gravedad.

En León también se registró el deceso de otro joven de 15 años, un monaguillo de la Catedral Metropolitana, quien recibió un disparo en el pecho por fuerzas paramilitares afines al gobierno, según denunció la Iglesia católica de esa localidad.

Durante casi dos meses de protestas contra el gobierno, los símbolos del gobierno y de la revolución sandinista (1979-1990), en la que apoyó Ortega, han sido pintados, destruidos y, en ocasiones, robados por los manifestantes como muestra descontento con el gobierno.

Ortega y Murillo regresaron al poder en 2007 y para muchos nicaragüenses parece como si su campaña electoral no hubiera terminado nunca. Cada vez más grande e intensa, con retratos en vallas publicitarias y obras llamativas por todo el país.

De un día para otro los símbolos de los gobernantes aparecieron cubiertos de pintura, quemados, arrancados y aplastados. Uno de esos han sido los Chayopalos o Árboles de la Vida, introducidos en Managua en 2013.