El comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Édgar Tungüí Rodríguez, admitió que casi nueve meses después del sismo del pasado 19 de septiembre aún no se cuenta con un programa integral en el que se definan las metas, procedimientos e indicadores que permitieran evaluar y hacer un seguimiento de las acciones.

Explicó que el proyecto que entregó en enero pasado la anterior comisión al entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, no era un programa como tal, dado que sólo planteaba una serie de acciones sin definir plazos de inicio y conclusión.

Refirió que era una obligación que debía cumplir la comisión a partir de un plazo perentorio que definió la Asamblea Legislativa en la Ley para la reconstrucción, sin embargo, no se disponía de los censos definitivos que prevé la misma norma para diseñar un plan integral.

Al participar en el foro Diálogos 19s, reconstruyamos nuestra ciudad, organizado por la diputada independiente de la Asamblea Legislativa, Dunia Ludlow Deloya, con los colectivos Ciudadanía 19s y Mejor Ciudad, el Colegio de Urbanistas y la Cámara de Diputados, Tingüí anunció que los censos tienen ya un avance de 95 por ciento, por lo que a fin de este mes estarían en condiciones de subir la información a la Plataforma CDMX y presentar también el programa integral.

Tenemos ya un avance significativo en la integración del programa, ya muy próximo lo vamos a poder mostrar, señaló.

Los censos que marca la Ley para la reconstrucción son inmuebles por tipo de daño, personas damnificadas, mercados públicos, micro y pequeñas empresas, infraestructura pública, patrimonio cultural e histórico y el censo de actividades agrícolas afectadas.

Detalló que en el avance de los censos ya es posible señalar que se contabilizaron 15 mil núcleos familiares afectados por el temblor, 2 mil 700 fugas en la red de agua potable reparadas al momento; 108 centros culturales que presentaron daños y de los cuales 92 ya están totalmente reparados, 218 inmuebles del patrimonio histórico entre capillas, parroquias y templos donde no se han iniciado las reparaciones por tramitología con el INBA, el INAH y la falta de proyectos, así como de especialistas en restauración; además, se tienen unos 2 mil 600 negocios afectados que deben algún tipo de daño y no han podido reanudar sus actividades.

Refirió que ya se tienen identificados los inmuebles en riesgo de colapso que son susceptibles a demolición, llevamos cerca de 55 derrumbamientos por cargo del gobierno que eran un riesgo ya mitigado.

Tungüí afirmó que se requieren modificaciones en la ley que permitan garantizar la continuidad en la entrega de los apoyos a las personas damnificadas después del cambio de administración, que dijo es ahora una preocupación constante en las reuniones que ha sostenido con ellos.