La condición de género y estatus migratorio en la frontera sur de México aumenta y agrava las violaciones de derechos humanos, impulsadas por el uso faccioso de un sistema de justicia penal que criminaliza a las personas indocumentadas, señala el informe Criminalización de mujeres migrantes: análisis de seis casos en la frontera sur.

Elaborado por varios centros de derechos humanos y la Universidad Iberoamericana, la amplia investigación de 178 páginas da cuenta de las condiciones de violencia y discriminación que dieron pie a la fabricación de delitos de trata de personas en contra de un grupo de mujeres migrantes, que abandonaron sus lugares de origen en Centroamérica debido a la pobreza y violencia generalizadas.

Destaca también que en los últimos tres años se incrementó desmedidamente el número de solicitudes de asilo, al pasar de 3 mil 424 en 2015 a más de 13 mil en 2017, pero que a pesar de ello, el gobierno mexicano ha restringido la aprobación de dichas peticiones.

Además, señala que existe total impunidad en la comisión de estas violaciones a los derechos humanos, pese a existir denuncias y evidencias suficientes contra servidores públicos de todos los niveles.

De hecho, desde 2010 el gobierno no ha condenado a ningún funcionario cómplice, a pesar de la información de que algunos extorsionan a las víctimas mediante sobornos y servicios sexuales de personas adultas o niñez víctima de trata sexual, señala el reporte, en el que participaron los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro-Juárez y Fray Matías de Córdova, así como la embajada de Australia en México, mediante el programa Australia Aid.

El informe analiza e incluye testimonios de Rosa Elvia Murcia Díaz, Santa María Rosales y Lorenza Obdulia Reyes Núñez, de nacionalidad hondureña; Guadalupe Pérez Rodríguez y Lilian Elizabeth Aguilar, de Guatemala, y Rosario Noriega Soto, mexicana, pero que fue confundida con migrante.

Se documentó la detención arbitraria, tras operativos policiales en los cuales fueron privadas de su libertad y acusadas injustamente de trata de personas; en el proceso no contaron con asistencia consular y se les obligó a firmar declaraciones fabricadas; incluso, algunas fueron torturadas.

Aunque en cinco de los seis casos las mujeres están en libertad –algunas de ellas luego de prisión de más de tres años-, sólo dos fueron absueltas, pese a que en todos los expedientes hay evidentes violaciones a sus derechos humanos, las cuales generaron falta absoluta de fiabilidad en las pruebas utilizadas en su contra. El informe presenta una serie de recomendaciones a diversas instancias federales y locales, así como a la Procuraduría General de la República y a comisiones estatales de derechos humanos.