De los 130 detenidos por los hechos en Iguala en septiembre de 2014, al menos 34 han señalado que fueron objeto de tortura o tratos crueles para obtener sus declaraciones, entre ellos Marco Antonio Ríos Berber, El Cuasi; Luis Alberto José Gaspar, El Tongo; Martín Alejandro Macedo Barrera, El Zorro, y Honorio Antúnez Osorio, El Papachín, identificados por autoridades como integrantes del cártel Guerreros Unidos, a quienes un juez de Tamaulipas dictó libertad bajo reservas de ley por falta de pruebas.

Los acusados están implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y son acusados de secuestro y delincuencia organizada.

Sin embargo, sólo El Tongo quedó libre, al no existir otra causa penal, El Cuasi y El Zorro continuarán presos, ya que aún se les investiga por delitos federales. En tanto, Antúnez Osorio, El Papachín, sigue proceso por delitos contra la salud.

Fuentes dijeron que en la causa penal 100/2014 el juez invalidó las declaraciones que los señalados rindieron en el Ministerio Público, ya que consideró que había indicios de que las confesiones no fueron obtenidas de manera lícita y que el resto de las pruebas eran insuficientes para sustentar un auto de formal prisión.

En su momento, El Cuasi declaró a la Procuraduría General de la República que fue el encargado de mandar a comprar el diésel que supuestamente se utilizó para incinerar los cuerpos de los 43 normalistas en el basurero del municipio de Cocula.

El fallo del juez fue en cumplimiento a una sentencia del segundo tribunal unitario de Tamaulipas, que revocó el auto de formal prisión anterior y ordenó reponer el procedimiento, tomar una nueva declaración a los inculpados y posteriormente dictar la sentencia.

Durante el nuevo juicio, los señalados se quejaron de que fueron torturados, por lo que el juez estableció que cuando les tomaron la declaración ministerial pudo ser de manera ilegal y por tanto dictó el auto de libertad por falta de elementos para procesarlos, pero con reservas de ley, es decir, que el Ministerio Público puede presentar más elementos de prueba para consignarlos de nuevo.