Más de la mitad de las recomendaciones y señalamientos hechos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en materia de garantías de los migrantes en tránsito por México, en particular sobre secuestro, han sido ignorados por autoridades federales y estatales.

Ayer, el quinto visitador general del organismo, Édgar Corzo, presentó un estudio sobre el cumplimiento de los exhortos de esta instancia sobre el tema, entre 2001 a 2017, donde se da cuenta de una recomendación general y tres informes especiales, dos de ellos sobre secuestro en 2009 y 2011.

El funcionario de la CNDH enfatizó que la política migratoria en México vive momentos de incertidumbre, ya que las ideas y sentimientos de supremacía y los discursos de odio y xenofobia prevalencientes en las políticas públicas y en la cultura de la sociedad deben erradicarse.

Consideró que debe darse especial atención a la niñez y adolescencia en contexto de migración –acompañada o no–, a la separación de familias de connacionales que son expulsados de Estados Unidos, a las agresiones contra integrantes de la comunidad LGBTTTI, a solicitantes de refugio y a víctimas de desplazamiento forzado interno.

La armonización legislativa es urgente ante la gravedad de los problemas que se están presentando en materia de flujo poblacional. Es delicado que todavía falten reformas en estados como Veracruz, Tabasco, Guanajuato, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, donde hemos indicado anteriormente aumento en la incidencia de delitos como tráfico de personas, incursión y reclutamiento del crimen organizado, secuestro, desaparición de indocumentados y violencia de género.

En los cuatro casos revisados como parte del estudio, que se hizo en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, los porcentajes de cumplimiento total, parcial e insatisfactorio de los señalamientos de la CNDH son similares. En el caso del Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México, correspondiente a 2011, se dirigieron 20 propuestas a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración, a la Procuraduría General de la República y a la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal; cuatro a las secretarías de Seguridad Pública locales y cuatro más a las procuradurías estatales.

En el ámbito federal, sólo 40 por ciento de las recomendaciones recibió respuesta satisfactoria; en 15 por ciento fue parcial y el mismo porcentaje fue negativa. En el 30 por ciento restante las instituciones federales señaladas no dieron respuesta alguna.