ás allá de muletillas, evasivas y frases de ocasión, sin olvidar el generoso intercambio de boñiga, de nueva cuenta los tres candidatos al hueso mayor dejaron mucho qué desear en el debate de ayer, porque una vez más el electorado se quedó en el aire. Ninguno de los abanderados explicó cómo y cuándo llevarían a la práctica sus respectivas promesas de campaña, en especial las enfocadas a la economía y el desarrollo, temas centrales de la cumbre en Mérida.

Difícilmente alguno de ellos se hubiera pronunciado en contra de un mayor crecimiento económico, de un desarrollo mucho más sólido y acelerado que abatiera los altísimos índices de pobreza en el país, de un equilibrio en la distribución del ingreso y la riqueza, y, en fin, de un México más próspero y justo.

Sólo un político suicida se manifestaría públicamente en contra de una mayor y mejor educación en el país, dejaría atrás la urgente necesidad de invertir más en ciencia y tecnología, y negaría a los mexicanos el acceso a la salud y cancelar la posibilidad de lograr un desarrollo sustentable, de ahí que todos los candidatos alegremente se pronunciaron por la afirmativa, sin revelar el mínimo indicio de cómo lo lograrían.

No hay borracho que coma lumbre ni político que no finja demencia, pero lo cierto es que en materia de crecimiento económico y desarrollo social la clase política del país –candidatos incluidos– tiene una enorme cuan creciente deuda con los mexicanos, acumulada a lo largo de muchos –por no decir todos– gobiernos fallidos, pero especializados en corrupción, impunidad y atraco a la nación.

Cuando en 1982 Miguel de la Madrid decidió dar un giro de 180 grados en política económica, el objetivo, dijo, era orientar la vida nacional hacia un desarrollo equilibrado y justo, pues en México la crisis deterioró las bases para lograr mejoras en el bienestar de la mayoría e incluso para mantener los niveles ya logrados.

Pues bien, 36 años después los mexicanos se mantienen en espera de que se materialice ese objetivo, porque a estas alturas el desarrollo equilibrado y justo se mantiene prófugo, al igual que el bienestar de la mayoría, y los niveles ya logrados se conservan en el subsuelo.

Y todo indica que se dio un giro de 180 grados para que la economía creciera a un ritmo tres veces menor al registrado antes del cambio. Así es: en esas tres décadas y pico, la tasa anual promedio de crecimiento a duras penas es de 2 por ciento, cuando en el pasado superaba 6 por ciento anual.

En materia de desarrollo, el desequilibrio es brutalmente abismal, porque el mismo modelito económico (el de los 180 grados), por una parte, convirtió el país en una enorme cuan productiva fábrica de pobres, y, por otro, hizo posible que un grupúsculo amasara fortunas de cuentos de hadas. Más de la mitad de la población sobrevive en la pobreza, y al mismo tiempo 17 hombres y mujeres de negocios registran fortunas equivalentes a 15 por ciento del producto interno bruto (de hecho, uno solo de ellos, Carlos Slim, concentra alrededor de 7 por ciento del PIB), la mayoría de ellas asociadas (mediante privatización o concesión) a la explotación de los bienes nacionales.

En el arranque sexenal de Miguel de la Madrid y tras los draconianos ajustes estructurales que aplicó la tecnocracia, en todas las manifestaciones –que fueron muchas– aparecieron cartelones con la siguiente leyenda: Queremos promesas, ya no queremos realidades. Pero 36 años después, los mexicanos están hasta los mismísimos huesos de las promesas de seis gobiernos fallidos, por lo que exigen una realidad más justa para la mayoría.

Y ello requiere soluciones inmediatas, no promesas.

Las rebanadas del pastel

Los tecnócratas utilizan todo tipo de eufemismos (ajuste, flotación, etcétera), pero lo cierto es que se llama devaluación, y a lo largo del sexenio peñanietista ha sido de 61 por ciento, y contando. Ayer, el billete verde se vendió hasta en 21.18 pesos.

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