La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) investiga al ayuntamiento de Mérida por el presunto desvío de al menos 220 millones de pesos del erario municipal, utilizando una red de 21 empresas fantasmas registradas como proveedoras, durante la gestión de Mauricio Vila Dosal, actual candidato a la gubernatura por la coalición Al Frente por Yucatán, formada por los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).

El órgano fiscalizador inició la indagatoria a raíz de la denuncia que presentó Joaquín Huacho Díaz Mena, abanderado al gobierno del estado de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, quien dio a conocer las razones sociales de las presuntas empresas de membrete, proveedoras del área de servicios públicos, principalmente mantenimiento de parques y jardines.

Díaz Mena, quien militó durante 17 años en el PAN y renunció a ese partido para ser postulado al gobierno estatal por Juntos Haremos Historia, aseguró que de las 21 empresas simuladas, que facturaron servicios por montos que van desde 1.5 hasta 20 millones de pesos, al menos 10 han sido demandadas penalmente y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado en ellas irregularidades graves.

Expuso que el ayuntamiento de Mérida es el único o el principal cliente de estos negocios de fachada que, dijo, transfieren entre ellas los recursos, obtienen dinero mediante el cobro de cheques, la mayoría carece de empleados o éstos son son insuficientes para las tareas que dicen realizar y ninguno de sus trabajadores está dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el SAT.

La mayoría de los domicilios fiscales son viviendas, terrenos baldíos, locales cerrados o no localizados, como es el caso de la empresa Construcciones Yu Um Beh, que facturó más de 15 millones de pesos al gobierno municipal por el servicio de limpieza de avenidas y glorietas y tiene por domicilio fiscal un predio baldío.

Las empresas fantasmas no tienen mobiliario, equipo ni infraestructura que acredite que ofrecen servicios de limpieza o mantenimiento; no presentan gastos y tampoco declaran impuestos.

Según Huacho Díaz, estas compañías fueron creadas ex profeso para facturar en la administración de Mauricio Vila, de 2015 a febrero de 2018, cuando pidió licencia para buscar la gubernatura. Las actas constitutivas de muchas de ellas ni siquiera están inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, por lo que no podían ser proveedoras de la comuna.

Las presuntas empresas de fachada proveedoras del área de servicios del ayuntamiento encabezado por Vila Dosal son las siguientes (los montos aproximados de los contratos que cada una recibió están en millones de pesos):

SBCY (3), MBC (10), TCLL (19), RES (8), RAEC (20), JAGC(10.6), WFPA (11.5), Molino Lab SCP (10), EMG (11), Secoma, Servicios de Construcción y Mantenimiento, S de RL de CV (3.5) y FMF (2.6)

Figuran también Construcciones Yu Um Beh SA de CV (15), NAMC (17), RMLM (9), GACDLL (4), Provipe SA de CV (10), CDI Instalaciones, Construcciones y Desarrollos SDRL de CV (14), Redes y Canalización del Sureste SA de CV (15), Constructora Basco SA de CV (2), Construcciones Civiles e Ingeniería Ambiental SA de CV (4), y Mautimik SA de CV (18).

Hay algunos supuestos proveedores que comparten domicilio fiscal con estas empresas, como Jorge González Chablé y Jesús González Rosado, empleados del ayuntamiento que registraron la dirección ubicada en la calle 55-B número 421 de Francisco de Montejo, y quienes facturaron 10 y 3 millones de pesos, respectivamente.

En la investigación se observa que la superficie cuya limpieza cobraron a Mérida equivale a cuatro veces el territorio del municipio.

Casi todos estos servicios aparecen como realizados en el oriente de Mérida. Destaca el ‘‘lavado de fuentes’’ tres veces al mes, pero no hay fuentes en esa zona de la capital.

Díaz Mena subrayó estas irregularidades constituirían los delitos de fraude, colusión, cohecho, tráfico de influencias, desvío de recursos y peculado, así como uso de recursos de procedencia ilícita, y que Mauricio Vila Dosal está directamente implicado.

El pasado 6 de junio, el candidato del partido Morena al Senado, Rogerio Castro Vázquez, pidió a la ASEY investigar a tres abanderados del PAN que presuntamente poseen empresas fantasmas y habrían recibido en conjunto más de 10 millones de pesos del ayuntamiento de Mérida mediante contratos autorizados durante la administración de Mauricio Vila Dosal.

Según el denunciante, crearon negocios que no tienen empleados registrados ante el IMSS ni infraestructura para prestar los servicios para los que fueron contratados.

Se trata de Édgar Lizama Camacho, candidato a la alcaldía de Dzilam González, quien tiene un contrato con el ayuntamiento de Mérida vigente hasta 2018, y recibió 3 millones 333 mil pesos entre 2016 y 2017.

La presunta empresa fantasma Procima y Construcciones SA de CV, de José Wilberth González Escalante, aspirante a la alcaldía de Temax, ha recibido 6 millones 645 mil pesos por medio de sus hijos, Cindy y Jorge González Cruz, quienes aparecen como propietarios del negocio, que supuestamente presta servicios al municipio capitalino.

Vila Dosal habría beneficiado también al panista Luis Manuel Hernández Manzanilla, ex empleado del ayuntamiento capitalino y abanderado a presidente municipal de Mama, quien obtuvo más de un millón 435 mil pesos.