La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF), Nashieli Ramírez, informó que se solicitaron medidas precautorias para que se proteja a los 26 bomberos, quienes presentaron cinco quejas por violaciones a su derecho a la libertad sindical y se integre correctamente la carpeta de investigación del asesinato de su compañero Javier García Salinas.

Nosotros tenemos 27 bomberos peticionarios, quienes nos dijeron que temen por su integridad física, y desde enero pasado presentaron las quejas por la lentitud en la toma de nota e incorporación al área de trabajo, pues buscan crear un sindicato independiente al existente en el Heroico Cuerpo de Bomberos, refirió.

A la fecha, dijo, no han sido notificados de su separación del cargo, como señaló el secretario general del sindicato, Ismael Figueroa, quien es señalado por la muerte de García Salinas.

El también candidato a una diputación local acudió ayer de manera voluntaria a la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX), para presentar su testimonio y acabar con los ataques en su contra”.

Por su parte, el jefe de Gobierno de Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, informó que para deslindar responsabilidades y esclarecer este asesinato, la PGJCDMX llamará a comparecer como testigo a cualquier persona que pueda aportar algún dato, incluyendo a Ismael Figueroa, ex líder del sindicato de bomberos y actual abanderado a diputado local del distrito 11 de la coalición Por la Ciudad de México al Frente.

Ya hay retrato de quien disparó a García Salinas”

En entrevista, luego de pasar revista a elementos de la policía auxiliar en la explanada del Zócalo capitalino, puntualizó que ya se cuenta con un retrato hablado de la persona que disparó, asi como información de cómo abandonó el lugar.

Las investigaciones, agregó, apuntan a que se trató de un ataque directo, perpetrado por un solo sujeto, pero no se descarta la participación de más.

Amieva Gálvez aceptó que hechos como el asesinato del bombero genera una situación de presión para que no queden en la impunidad.