En la primera fase del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH), entre 2008 y 2010, durante el periodo presidencial del panista Felipe Calderón, las fuerzas armadas, con el conocimiento de sus más altos mandos, cometieron graves abusos contra la población civil que pueden considerarse crímenes de lesa humanidad. Por eso, organizaciones civiles presentaron ayer un informe ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a fin de que se indaguen a escala internacional estas atrocidades.

En estos casi dos años, los militares (desplegados en Chihuahua en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada por Calderón) cometieron de forma sistemática crímenes graves, en particular, torturas, privaciones graves de la libertad física, desapariciones forzadas, asesinatos, violación y violencia sexual, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad competencia de la CPI debido a su carácter sistemático y por realizarse a través de patrones regulares de actuación, lo que constata su carácter organizado, plantearon las agrupaciones demandantes.

Las estadísticas oficiales asientan que la cifra de homicidios vinculados al crimen organizado en Chihuahua incrementaron de 517 en 2005 a 2 mil 600 en 2008 –año en que se inició el OCCH– y cuyo máximo se vio reflejado en 2010 con 6 mil 407 casos.

Para la elaborar la denuncia fueron analizados 35 casos, que comprenden 121 víctimas directas de crímenes cometidos durante la primera fase del OCCH por militares.

La documentación presentada ayer ante el tribunal de La Haya fue firmado por: la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Renacer Lagunero, Idheas Litigio Estratégico y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Los casos documentados confirman el uso de recursos públicos para cometer crímenes, como la utilización de vehículos militares para detener arbitrariamente a ciudadanos, el empleo de instalaciones militares como recinto para torturar a la población civil, así como la participación de personal médico militar en dichas prácticas.

Revelan que la continuidad de la política de militarización de la seguridad pública –que se manifiesta con la reciente entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior– ha incrementado exponencialmente las violaciones a derechos humanos y crímenes atroces cometidos por las fuerzas armadas al amparo de las instituciones de justicia del país, lo cual implica que en México no hay ni voluntad ni capacidad para llevar a juicio a los responsables.