l presidente Obama enfrentó la crisis de migración masiva de niños acompañados o solos, en 2014 –unas 68 mil personas– como una crisis humanitaria. La ley en Estados Unidos señala que los niños y adolescentes migrantes no pueden ser deportados de manera inmediata y que los que llegan acompañados de sus padres no pueden ser separados más de tres semanas.

En ambos casos eran las familias de los migrantes quienes se encargaban de ellos mientras se realizaba el juicio correspondiente o se le daba curso a la demanda de asilo. La emergencia fue atendida por decenas de abogados, traductores y voluntarios que hicieron lo que pudieron para paliar la crisis.

Los migrantes centroamericanos encontraron este resquicio legal para entrar de manera forzada a Estados Unidos. Simplemente cruzaban la frontera y dejaban que la migra los atrapara. Luego se procedía a su internamiento, su posterior liberación en unas semanas y empezaba el trámite judicial correspondiente.

Algunos iniciaban el procedimiento, otros simplemente se esfumaban y pasaban a formar parte del contingente indocumentado. Para los mexicanos no aplica este procedimiento, por ser vecinos y tener una serie de acuerdos bilaterales para una deportación rápida y segura de menores, aunque muchas veces no se cumple con el debido proceso.

En muchos casos se trataba de procesos de reunificación familiar. Las esposas, con sus hijos, finalmente buscaban llegar por este modo a rencontrarse con un cónyuge, que hacía años había quedado atrapado en la trama migratoria que le impedía regresar a nuestra nación y hacer cualquier trámite para poder traer a su familia. En otros, los adolescentes buscaban por su cuenta emigrar o reunirse con algún familiar.

También fue un gran negocio para las mafias que movilizaron decenas de miles de migrantes en muy pocos meses y facilitaron el transporte y el tránsito por México.

Con Mr. Trump las cosas cambiaron. Desde el primer día, con la firma de las órdenes ejecutivas sobre la frontera y la seguridad interior, se dispuso el criterio de terminar con la entrada de niños migrantes y sus acompañantes.

La Sección 11 propone terminar con el abuso de solicitar audiencia y asilo para evadir la posibilidad de ser deportados. Por otra parte, se estipula que los niños migrantes no acompañados sean tratados adecuadamente, pero en custodia del Departament of Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés) y cuando se pueda, deportarlos de manera segura y de acuerdo a la ley (Sec 11 e).

Ésta no se explícita con respecto a la separación de los niños acompañados de sus padres, pero la línea dura de considerar la petición de asilo como abuso y la posible deportación de niños no acompañados, tiene un destinatario directo: los migrantes centroamericanos. Un problema adicional es que el DHS no tiene protocolos, ni experiencia ni instalaciones para albergar cientos o miles de niños migrantes, menos aun entregarlos a familias sustitutas.

La políticas disuasivas de Obama y Trump parecen haber dado resultados parciales. Hoy todavía vemos en las calles de varias ciudades, por donde transitan migrantes, a familias, mujeres con sus hijos y varones con niños, pero esto último es algo nuevo. En muchos casos huyen de la violencia, la pobreza y buscan refugio. Pero las condiciones en que viajan los migrantes colocan al niño en una situación de extrema vulnerabilidad. Y llama la atención esta nueva modalidad migratoria.

A nivel internacional, el uso de niños como pasaporte infantil ha sido documentado ampliamente en el caso de Europa. Y prácticamente resulta imposible para un agente comprobar, en el caso de niños muy pequeños, la paternidad o maternidad. El asunto se agrava cuando es evidente que el tráfico de infantes va en paralelo con los flujos migratorios.

El tema es muy espinoso, cualquier política puede vulnerar los derechos del padre a estar con su hijo y del niño a contar con condiciones dignas y seguras. En la ruta migrante, las posibilidades de que un niño se pierda o sufra un accidente son muchas, incluso se puede dar el secuestro y el tráfico de órganos. En todo caso, esta discusión no la planteamos con las madres migrantes, lo cual también resulta cuestionable.

De igual modo, es problemático el caso de los adolescentes, a los que resulta complicado y en ciertos casos ilegal detenerlos y deportarlos cuando ellos deciden seguir en tránsito, pero es igualmente riesgoso darles de comer y abandonarlos a su suerte.

El apoyo y la asistencia en el camino a los migrantes en tránsito es fundamental, pero no la solución. ¿Es pertinente, en estas condiciones, darles ánimos y recomendaciones para continuar el viaje? Por lo pronto, en los años que vienen, la política migratoria y de asilo de Trump no va a cambiar.

La caravana anual de migrantes centroamericanos, en tránsito legal por México y demonizada por Trump, plantea no sólo interrogantes y problemas a la autoridades, también a las organizaciones que apoyan a los migrantes en el camino. Temas que hay que empezar a discutir.