a masiva e intensa campaña telefónica que desde hace varios días se lleva a cabo advirtiendo a la población sobre supuestas medidas que tomaría de ganar la Presidencia de la República el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, no sólo pone en evidencia que la campaña electoral en curso no se significa por su ética, sino también que las autoridades que deberían atender la cuestión no se destacan por su diligencia para investigar quién o quiénes están detrás de esa campaña.

Como un alto número de usuarios de telefonía ya sabe (porque lo ha experimentado en su propio número), las llamadas contienen la pregunta: ¿Está de acuerdo con que López Obrador proponga perdonar a secuestradores, narcotraficantes y ladrones? Marque uno para el sí, marque dos para el no, atribuyendo dolosamente al tabasqueño una intención que nunca declaró tener. Es decir, un recurso que echa mano de la mentira para tratar de desprestigiar al presidenciable que todas las encuestas serias dan como ganador, y lo hace utilizando llamadas de una sola vía (el usuario puede escuchar el mensaje pero no responderlo, porque el número del emisor no existe), efectuadas desde distintos números telefónicos, la mayoría de los cuales han sido dados a conocer públicamente por los receptores de los mensajes.

En primera instancia, el equipo de López Obrador –y el propio candidato– pidieron por un lado que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigara el origen de las llamadas, y por otro que las empresas telefónicas brindaran información sobre las mismas. Las firmas Telmex y AT&T, cada cual por su lado, se deslindaron del asunto diciendo, en parecidos términos, que nada tenían que ver con la campaña, en tanto el organismo electoral informaba estar investigando el hecho junto con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Procuraduría General de la República. A su vez, desde el terreno político, el vocero del Partido Acción Nacional declaró que la coalición México al Frente (que el PAN integra) tampoco estaba implicada en el asunto. La explicación se debió a que durante dos o tres días circuló una versión, de procedencia incierta, según la cual la encuestadora Massive Caller tendría algo que ver con el aluvión de llamadas antilopezobradoristas. Pero –aclararon los panistas– para cuando empezaron las llamadas el frente ya no tenía ningún contrato con esa empresa.

A esta altura ya había tomado voz el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en su carácter de órgano regulador y supervisor en México del espectro radioeléctrico, las redes y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Pero su participación no aportó al esclarecimiento de la campaña telefónica: el instituto no sólo no sabe nada sobre su origen, sino que según expresa tampoco tiene registro de las llamadas, porque registrar la titularidad de éstas sencillamente no figura entre sus atribuciones.

Así las cosas, pareciera que rastrear decenas de miles de llamadas telefónicas provenientes de unos pocos números resulta una tarea impracticable, aún cuando se trate de una cuestión de interés nacional como lo es el intento de incidir fraudulentamente en la elección al máximo cargo público del país. Sería ciertamente una buena noticia que los organismos abocados a la investigación de la campaña contra López Obrador (o contra cualquier otro, si fuera el caso) lograran arrojar luz acerca de este intento por distorsionar, vía telefónica, este último tramo del proceso electoral. Y claro, identificar a sus autores.