El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) presentó este viernes su propuesta de política nacional en la materia, cuyo eje principal es combatir la captura o secuestro de los diversos organismos de la administración pública en todos los niveles.

Ante representantes de los comités de 19 entidades de la República –de los 22 que hasta el momento se han conformado–, Ana Elena Fierro, integrante de la Red por la Rendición de Cuentas, detalló cuáles son las líneas principales de la iniciativa del comité ciudadano.

La investigadora afirmó que la captura de los puestos, los presupuestos y los órganos de impartición de justicia es uno de los principales orígenes del fenómeno de la corrupción, por lo que es necesario transitar hacia un régimen universalista, donde el interés público esté por encima del privado y no se vulnere la autonomía del Estado.

Uno de los cuatro pilares de la iniciativa del CPC es la profesionalización de los servidores públicos, para evitar que se repartan puestos únicamente por cubrir cuotas con grupos afines –en vez de guiarse por criterios de mérito y capacidad– y así terminar con la llamada administración del botín.

De igual manera, es necesario fortalecer el sistema de investigación y sanciones, proteger a denunciantes de actos de corrupción y utilizar las herramientas legales del SNA para el acceso equitativo a la justicia. Todas estas tareas, subrayó, únicamente serán posibles si existe también una participación ciudadana fuerte.

Mauricio Merino, integrante de la red, dijo por su parte que México vive en una especie de secuestro plural de sus instituciones por parte de los partidos políticos, los cuales toman como botín los cargos públicos y los presupuestos, a partir de los cuales se dedican a beneficiar intereses privados, no públicos.

El núcleo duro de la política nacional anticorrupción es combatir esa captura, ya que si los puestos se otorgaran por mérito y capacidad, y hubiera una adecuada vigilancia del desempeño de los funcionarios, no habría corrupción, aseveró.

Asimismo, Merino recalcó que la lucha contra este flagelo no ha logrado prosperar en México porque existe una fragmentación deliberada de las instituciones y leyes que se encargan de dicho tema, lo que a su vez ha generado una gran falta de confianza de los ciudadanos en el SNA, que también enfrenta un entorno hostil por parte del gobierno.

La política nacional anticorrupción estará lista después de las elecciones del 1o de julio y se entregará a quien resulte ganador. Posteriormente, será votada por el comité coordinador del SNA, probablemente en octubre de este año.